Andalucía, el Guadalquivir y el agua

EL debate sobre el Guadalquivir tiene en Andalucía una enorme dimensión política y tiene una gran repercusión en la distribución de competencias sobre el agua en toda España. La transferencia del Guadalquivir fue lo más importante que se transmitió con claridad a la sociedad como justificación de la reforma del Estatuto. La proposición de ley orgánica, presentada por el grupo parlamentario socialista, para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz va a caldear el ambiente con vistas a las próximas elecciones autonómicas, teniendo en cuenta la posición pro-Estado central de las oligarquías agrarias y sus grupos de presión y la relativa ambigüedad del PP en este tema.

Me da la impresión de que se va a volver a instrumentalizar el debate de las competencias sobre el Guadalquivir. Por su parte, me parece que IU está situada en posiciones autonomistas, sin más matices y con poca atención al debate y a los problemas concretos que implican la gestión de las cuencas fluviales.

Tal y como se está planteando, este debate desvía la atención de los problemas reales de la gestión del agua: la contaminación de ríos, la sobreexplotación de acuíferos, la ilegalidad, la concentración de un alto porcentaje de los recursos en pocas manos, los perjuicios a usuarios afectados por la falta de control y buen gobierno. El debate sobre las competencias debe de servir para abrir una reflexión mucho más profunda y clarificadora sobre la grave situación del agua en Andalucía.

Los defensores de la nueva cultura del agua coincidimos en defender el principio de unidad de cuenca. Pero la pregunta concreta es cómo estructurar la administración para garantizarlo. Una alternativa es transferir o delegar competencias en las comunidades autónomas y crear un órgano superior de coordinación. Otra, mantener un órgano común de planificación y gestión en el que participen de forma más amplia y efectiva no sólo las comunidades autónomas, sino también los agentes sociales y grupos ciudadanos.

Desde mi punto de vista, como investigador vinculado a la nueva cultura del agua, la solución no está en fortalecer una de las dos administraciones (estatal o autonómica) en detrimento de la otra. Esta discusión puede superarse mediante la aplicación rigurosa de la Directiva Marco de Aguas, que brinda la oportunidad de planificar y gestionar las aguas de forma integrada.

La directiva obliga a llevar a cabo una planificación y gestión integradora designando "la autoridad competente apropiada". Este tema es clave para este debate. Para que la planificación y gestión de las aguas sea integradora respecto de todas las competencias concurrentes, se debe crear un órgano de coordinación con capacidad de decisión sobre los aspectos más relevantes de la gestión de las aguas de la demarcación.

En él deben estar representados con voz y voto los distintos departamentos de las administraciones públicas con competencias sobre las aguas. Su responsabilidad principal es la aprobación definitiva del Plan Hidrológico de Cuenca y de los Programas de Medidas y Seguimiento, a propuesta del Organismo de Cuenca, tras la tramitación y participación pública correspondiente.

Junto a este Comité de Autoridades Competentes mucho más sólido y activo que el actual, la solución del conflicto exige una democratización en profundidad del Consejo de cuenca, en línea con lo que ya se intentó sin éxito en la fallida reforma de la Ley de Aguas de 2007, a la que se opusieron los que ahora reclaman la competencia exclusiva del Estado central sobre la cuenca. Y además, en las cuencas transfronterizas, como por ejemplo en el Guadiana, el Comité de Autoridades Competentes tiene que incluir a las autoridades y agentes sociales portugueses. Por lo tanto, este no es un problema solamente español.

El conflicto de intereses acerca de la titularidad o competencia sobre las aguas siempre va existir y la única solución es crear espacios sólidos y estables donde sea posible debatir dichos intereses y decidir con todos los actores implicados las soluciones a los conflictos.

Estas son las razones que nos llevan a pedir que los políticos y los representantes de intereses sectoriales (agrarios, ingenierías, grupos de presión) abandonen el conflicto por la competencia sobre las aguas. Hay que seguir defendiendo un debate político más profundo y fértil sobre la protección y el uso sostenible de los ecosistemas acuáticos en un espacio común y con una participación pública activa.