La tribuna

Federico Durán López

Arreglar el futuro, ignorar el presente

EL anuncio, por parte del Gobierno, de la reforma de las pensiones, en la que se prevé, fundamentalmente, el retraso de la edad de jubilación, la penalización de las prejubilaciones y la revisión de la pensión de viudedad, ha centrado el debate económico y social de los últimos días y ha sido saludado, por regla general, como el comienzo de una rectificación de la política antirreformista gubernamental.

Tengo mis dudas. Creo que se trata de una jugada maestra de propaganda. Acuciado por unos datos económicos desastrosos y acosado por analistas internacionales y organismos reguladores, el Gobierno ha conseguido una inmediata imagen reformista sin acometer ninguna reforma. Esto es, se ha dedicado a arreglar el futuro para poder seguir obviando la urgentísima necesidad de arreglar el presente.

Si se repara en ello, es, como decía, una jugada maestra. Se deja en un segundo plano lo más urgente, la reforma del mercado de trabajo para atajar el desempleo, y se centra la atención en debates que se refieren a problemas que estallarán en el futuro. Y ello se hace, además, con el anuncio de medidas que no pueden sino arrancar el aplauso de quienes hasta ahora censuraban la pasividad del Gobierno.

Que el retraso de la edad de jubilación, como regla general y con las adaptaciones sectoriales precisas, sea una medida sensata y aconsejada por la evolución demográfica difícilmente puede ponerse en duda. Como difícilmente puede pensarse que el aumento del periodo de cálculo de la pensión, para comprender toda la vida laboral, puede postergarse por mucho tiempo, que podemos mantener la regulación actual de las pensiones de viudedad (que deberán centrarse en proteger, mejor, situaciones de necesidad, pero en proteger sólo situaciones de necesidad) o que la sangría de las prejubilaciones no exija una racionalización.

Pero todo ello no integra más que un proyecto que se va someter a debate en el seno del Pacto de Toledo, con las fuerzas políticas y con los agentes sociales, y que dará lugar tras ese debate a las propuestas de reforma normativa concretas, que deberán seguir los pertinentes trámites parlamentarios para su aprobación. Además, la medida estrella, el aumento de la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años, se posterga en todo caso y se implantaría de forma gradual.

Como diría el Tenorio, bien largo me lo fiáis. Nada de decretos leyes ni de normativas de urgencia. Y, por supuesto, ninguna garantía de que al final del proceso de consulta y debate se mantenga en los mismos términos el planteamiento reformista esbozado por el Gobierno.

Mientras tanto, la casa sin barrer. Y las necesarias reformas del mercado de trabajo pueden seguir postergándose o verse reducidas a pequeños retoques que no irriten al tigre sindical. Además, se consiguen importantes efectos políticos. En primer lugar, se escenifica una oposición sindical, que puede ejercerse con toda la fiereza que permite el saber que no estamos sino en presencia de un largo recorrido, de resultado incierto, y en el que pueden incidir acontecimientos (como la convocatoria de elecciones anticipadas) que den un vuelco a la situación. Los sindicatos se sacuden la imagen de mansedumbre ante el Gobierno en una situación social desastrosa, y el Gobierno puede presumir, sobre todo de fronteras para afuera, de saber plantar cara a los sindicatos.

Al mismo tiempo, se coge con el pie cambiado a la oposición, que, con su habitual torpeza, ha caído en la trampa tendida por el Gobierno, criticando el recorte de derechos sociales que las medidas anunciadas implicarían. ¿Cómo va a asumir con credibilidad el principal partido de la oposición planteamientos reformistas, si se opone a medidas tan fundadas en el sentido común? ¿Se quiere lanzar a los sindicatos el mensaje de que si el Gobierno se atreve a adoptar decisiones con las que no están de acuerdo contarán con el apoyo de la oposición? Si es así, olvidémonos de convencer a los sindicatos para que acepten la vía de las reformas.

Por último, se obtiene el aplauso de los organismos internacionales y comunitarios que, al menos a corto plazo, parecen haber picado. Y todo ello, sin hacer realmente nada. Sin más que anunciar que probablemente se puedan adoptar medidas que contribuirán a resolver problemas de dentro de una o dos décadas. Si ha sido una improvisación, no la supera ni el taconazo de Guti. Si responde a un diseño planificado, chapeau. Eso sí, seguiremos hundidos en la miseria y con un mercado de trabajo que es el colmo de la perversión social y que igual nos hace llegar a la indecente cifra de cinco millones de desempleados.

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