Autoridad Única para la Gran Sevilla

EL CONSEJERO de Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas, en una entrevista concedida a este diario, resucitó hace unos días la propuesta, esbozada hace ya tiempo, de que a medio plazo el espacio urbano del área metropolitana de Sevilla termine siendo gestionado por una nueva entidad administrativa y política de naturaleza supramunicipal que responda mejor a las necesidades globales de los ciudadanos que viven en ella, más un millón y medio de personas. Aunque Espadas fue cauto en la formulación de esta idea, al hablar de una estructura de poder colegiada, surgida a partir de la cesión de competencias de los municipios afectados (que, por lógica, deben ser algo menos que los más de 40 agrupados ahora bajo la categoría de metropolitanos), lo cierto es que el nacimiento de esta Autoridad Única no será fácil. Ni sencillo. Tanto en Sevilla como en otras urbes españolas, este tipo de planteamientos han terminado fracasando ante la cerrazón de los poderes existentes -municipales, provinciales e incluso regionales, en algunos casos- a dar carta de naturaleza a las entidades supramunicipales, a las que contemplan como una competencia no deseada. Además del factor político, está el económico: dada la proliferación de organismos públicos, no tiene lógica, en plena crisis económica, plantear este tipo de cuestiones salvo que se haga en paralelo a una redefinición del mapa administrativo de Andalucía. Algo que durante las últimas décadas no ha sido posible. El Gobierno liderado por José Antonio Griñán ha decidido por fin abrir este melón, al prometer una reorientación de la administración periférica de la Junta y, por extensión, de otras instituciones municipales. Y en este contexto político sí que es deseable que los territorios metropolitanos -que en Andalucía son contados- cuenten con estructuras propias que sean capaces de dar a los ciudadanos los servicios integrados que demandan. Este proceso, previsto en el Estatuto, sólo puede hacerse replanteando a fondo el papel de las diputaciones y redefiniendo las funciones de los consistorios, sobre todo los de mayor tamaño, que deberían explorar vías de colaboración efectiva con otros. Sólo así será posible crear una Autoridad Única para la Sevilla metropolitana.