Editorial

Cadena perpetua

TRAS el horrendo crimen de Marta del Castillo, que ha conmocionado a toda España, sus padres, en una comprensible reacción motivada por su dolor inconsolable, han pedido la instauración de la cadena perpetua y que la cuestión sea sometida a referéndum. Es un debate recurrente que se produce cada vez que nos estremecemos ante asesinatos tan viles como el de Marta y el de la pequeña niña onubense Mari Luz, cuyo padre también suscribe la petición de los progenitores de la adolescente sevillana. Por más que nos solidaricemos con quienes han sufrido estas terribles tragedias, ni la sociedad ni la clase política deben dejarse arrastrar por la emoción del momento en temas de esta índole; es preferible que se serenen los ánimos y que la cuestión se aborde, si así se decide, de forma reflexiva y con la perspectiva que da el tiempo. En el actual marco legislativo, ninguna de las peticiones de los padres de Marta y de Mari Luz se pueden atender, ya que, conforme al artículo 25 de nuestra Constitución, no se contempla la cadena perpetua en el sentido de una reclusión de por vida. Creemos que no hay razón para cambiar la situación actual. Acorde con nuestra Carta Magna y nuestra cultura de raíces cristianas, las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social aun de los criminales más abominables, en el entendimiento de que es posible y deseable la redención de todo ser humano. El artículo 87 de la Constitución tampoco permite someter a referéndum por iniciativa popular una cuestión como ésta si previamente no ha sido abordada por las Cortes. Los árboles pueden impedirnos ver el bosque, pues mientras se debate sobre la cadena perpetua no se repara en un extremo señalado por Rosa Díez y que también ha puesto dramáticamente de manifiesto el crimen de Marta y el lanzamiento de su cuerpo al río: la necesidad de reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar que la ausencia del cuerpo de la víctima permita al presunto asesino quedar impune. De nada serviría elevar las penas, que casi nunca se cumplen de forma íntegra además, si luego los delincuentes encuentran la forma de escabullirse por las rendijas de nuestro deficiente sistema judicial.

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