¿Desconfiamos?

LA izquierda abertzale presentó ayer los estatutos del nuevo partido con el que pretende reaparecer en las próximas elecciones municipales tras la ilegalización. Los estatutos son tan transparentes respecto a su relación con la violencia -la de ETA y la de cualquier otra facción de asesinos- como los de cualquier otro partido al uso, desde el PSOE al PNV. Sin embargo, los partidos, y supongo que por extensión los españoles, están divididos respeto a su legalización. Si la nueva formación ha roto con ETA, se ha alejado de la violencia e incluso ha abierto sus portones a la afiliación libre no hay, en apariencia, ninguna objeción legal a que presente candidaturas. Salvo la desconfianza, claro, un reparo más abstracto que la letra de la ley.

La izquierda abertzale, hasta anteayer, como aquel que dice, no ha condenado la violencia, ha colaborado abiertamente con los pistoleros, ha compartido sus ideales sanguinarios y ha formado parte activa del tinglado del terror. ¿Hay que confiar en esa apresurada conversión a los valores democráticos? Cuesta mucho, muchísimo trabajo aceptar que lo expuesto (o lo eludido) en los nuevos estatutos responda más a un inesperado descubrimiento de los valores de la paz que a un apaño a contrarreloj para llegar a plazo. Y cuesta trabajo, en fin, creer que la inopinada regeneración democrática de los radicales sea fruto más de una revelación que del cerco policial.

Los dos principales partidos, PSOE y PP, suscriben la línea de la desconfianza. Mitad por convencimiento y mitad por conveniencia política. En el PP aceptar los estatutos democráticos de los abertzales equivaldría a cortarse la cabeza delante de su militancia (en particular la más extrema, la que sigue manifestándose contra la política terrorista del Gobierno ignorando que en gran parte es compartida); en el PSOE supondría una ruptura impensable de la unidad política contra ETA y la exhibición, de nuevo, ante el adversario de un punto especialmente vulnerable. Ambas posiciones, siendo compartidas y casi unánimes, son igualmente débiles. Aquí van tres posibles objeciones. Una: Los partidos están anteponiendo sus dudas y sus intereses ideológicos o programáticos a la literalidad de la ley de partidos. Dos: Ambas formaciones corren el peligro de dar la espalda a un hecho que, si es cierto, puede ser crucial para acabar con el terrorismo, la ruptura y el alejamiento de los abertzales de ETA. Tres: La posición, aunque contundente, es coyuntural y antes o después deberá ser revisada. En algún momento, en estas o en otras elecciones, si se mantiene el alejamiento, el nacionalismo radical tendrá su partido, y la aprobación la dará la izquierda. La derecha siempre tratará de explotar a su favor cualquier transigencia. Que decidan los tribunales.