Crónica personal

Alejandro V. García

Desidia

SI la tormenta del caso Mari Luzhubiera estallado tres semanas después, o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hubiera adelantado algunas semanas el comienzo de la vista contra la ex juez de Motril, Adelina Entrena, por mantener un año indebidamente en prisión a un recluso, la expectación que ayer suscitó su presencia en el banquillo habría sido mucho más templada. De hecho, los correctivos contra la juez adoptados en los últimos meses por el TSJA y el Consejo General del Poder Judicial (está expulsada de la carrera judicial por esta causa) han tenido una discreta repercusión en los medios informativos y, por extensión, en ese magma indescifrable que denominamos opinión pública. Pero la juez ha tenido el infortunio de ser citada ahora, en un momento en que la sensibilidad por los tardanzas y los deslices judiciales es extremada. Y no es que la conducta de la juez no mereciera el reproche ni la sociedad desconociera entonces la existencia de la desidia burocrática. Pero hace solo unas semanas la comprensión, o ese conformismo secular ante las negligencias de la Administración, hubieran amortiguado el ruido informativo y rebajado el rubor colectivo.

La juez Adelina dijo ayer en su descargo que no ordenó, una vez absuelto, la puesta en libertad de José Campoy porque creía que se encontraba encarcelado por otro delito. Así que se limitó a desearle a Campoy, como su tocaya, la niña de la estación, un protocolario "adiós señor, buen viaje, adiós que lo pase bien". Y no fue hasta un año después cuando se descubrió el dislate y Campoy, un delincuente habitual, mortificado y aniquilado por la enfermedad, uno de esos rehenes del delito que en la cárcel llaman "presos de la familia", recuperó la libertad.

Las excusas que planteó ayer en el juicio Adelina Entrena no difieren mucho de las argüidas por Rafael Tirado, el juez del caso Mari Luz: exceso de trabajo, varias bajas de funcionarios y el error material de alguno que no inscribió debidamente a Campoy en el libro de registro. Es verdad que a la hora de averiguar por qué un hombre no cumple la pena a que ha sido condenado o permanece en la prisión estando libre, todos, desde la persona común al juez de jueces, pasando por los cargos políticos, tendemos a buscar a cualquier precio un solo culpable y a descargar sobre él la responsabilidad del descuido. La conciencia se aligera cuando identificamos al infractor, se sanciona e incluso se quita de en medio.

Sin embargo, lo que causa verdadero pavor es el hecho de que por encima de la voluntad, de las leyes y de las personas tu existencia pueda depender de la calidad de un asiento en un libro de registro. ¡Qué desastre!

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