EL problema más grave, para mí, no radica en los fallos del sistema judicial que han hecho posible que el presunto asesino de Mari Luz no estuviera cumpliendo las condenas que le fueron impuestas, sino en las mismas condenas; es decir, en nuestro ordenamiento jurídico más que en su pésimo funcionamiento. Si esta última cuestión es de la mayor gravedad, y si casos como el de Mari Luz sitúan bajo mínimos la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la justicia, que por dos delitos de pederastia se cumplan cinco años de condena (además de que en este caso ni se hayan cumplido) es un escándalo para muchos ciudadanos.

Ante esta tragedia que se hubiera podido evitar la clase política, los medios y los ciudadanos se han dividido en dos posiciones: quienes defienden el sistema penal español y denuncian sus puntuales fallos; y quienes denuncian por igual el sistema y sus fallos. Los primeros exigen que se corrijan estos fallos, pero insisten en que endurecer las penas, utilizar fármacos para inhibir la libido de pederastas y violadores o hacer las reformas que fueran necesarias para introducir la cadena perpetua en estos delitos vulneraría el principio constitucional de que la finalidad de las penas debe ser la reinserción. Los segundos, además de exigir la corrección de los fallos, exigen también que determinados delitos -fundamentalmente los relacionados con violaciones, pederastia o terrorismo- reciban un tratamiento penal más acorde con el daño producido, la probada imposibilidad de reinserción de sus autores y la justificada alarma social que causan.

Desgraciadamente no se trata de un debate exento de connotaciones visceralmente ideológicas. La sombra del franquismo que se proyecta todavía sobre nuestra sociedad, acomplejándola, hace que el realismo y el rigor sean considerados reaccionariamente represores y cruelmente punitivos. Pero la realidad es que aunque el sistema judicial hubiera funcionado a la perfección, el presunto asesino de Mari Luz habría estado en la calle tras cumplir un máximo de cinco años de condena por haber abusado de su propia hija y de otra menor, en libertad para seguir satisfaciendo sus instintos. Solicitar la cadena perpetua en unos casos, y el riguroso control a través de pulseras con GPS y el uso de inhibidores farmacológicos en otros, además del registro de pederastas y violadores, no es cuestión de ser progresista o reaccionario, compasivo o despiadado, partidario de la reinserción o del castigo; es cuestión de solidaridad con las víctimas, compasión hacia quienes aún no lo son pero podrían serlo y realismo social.