EL caso de la activista de los derechos humanos y la independencia del Sahara Aminatu Haidar se complica por momentos. Se complica, sobre todo, para ella misma, que es quien, tras más de tres semanas de huelga de hambre, está poniendo en grave peligro su vida, y quien se muestra firmemente dispuesta a inmolarse por la causa en la que cree.

Ha expresado ante notario su voluntad de no ser alimentada a la fuerza cuando pierda la consciencia, e inmediatamente se ha abierto el debate sobre si el Estado está legitimado para mantener con vida a alguien que no quiere vivir (salvo que le concedan su reivindicación de volver al Sahara como saharaui). Médicos, juristas y políticos están divididos al respecto, aunque me parecen mayoritarios los que piensan que contra la voluntad individual libremente manifestada por una persona adulta, aun en situación extrema, no cabe intervención pública que la desoiga. Ningún testigo de Jehová puede recibir una transfusión de sangre forzosa ni aunque ésta sea imprescindible para salvarlo, y el caso de los presos no es comparable, por el deber de tutela y protección que la Administración penitenciaria ha contraído objetivamente con ellos.

Se complica también para Marruecos, el origen último de este incidente. Privar a una persona de su pasaporte y del derecho elemental a viajar a su hogar y reunirse con los suyos pretextando una provocación (escribir "saharaui" en la casilla correspondiente a "nacionalidad" de un formulario aduanero) dice mucho de un régimen formalmente democrático, pero materialmente dominado por un monarca semiabsoluto. Aunque no parece que les preocupe mucho, la imagen internacional de los gobernantes marroquíes se consolida como pésima: la de unos déspotas que no respetan nada en su objetivo de anexionarse el Sahara como una provincia más. Ayer la ONU les señaló con el dedo como los únicos responsables de lo que está pasando.

Y se complica para España, aprisionada por su mala conciencia ante el destino fatal de los saharauis y su pragmatismo con un vecino peligroso al que se le permite amenazar sin recato (inmigración, drogas, terrorismo). Estamos pagando el pecado original de haber colaborado con Marruecos en la deportación de Haidar -nunca debió entrar en territorio español indocumentada- y, encima, los sucesivos pagos ideados de buena fe y con lógica por el Gobierno, como el asilo político o la nacionalidad española, han sido rechazados por su beneficiaria, que ha optado por un numantinismo que quizás le conduzca a la muerte.

No queda más que buscar aliados que presionen a Marruecos con más fuerza y capacidad que España. Ya con el reloj en contra.

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