Editorial

Jueces en huelga, Justicia peor

MÁS allá de las habituales versiones de parte, la primera huelga de jueces en España tuvo ayer un amplio seguimiento, pese a la oposición de los principales partidos y del Consejo General del Poder Judicial, y a que dos de las cuatro asociaciones que agrupan a los jueces se habían apartado de su convocatoria. Las reivindicaciones planteadas por los huelguistas, encaminadas básicamente a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, están puestas en razón, si bien el movimiento de protesta no deja de estar lastrado porque en su origen tuvo un componente de corporativismo relacionado con la sanción impuesta al juez sevillano Rafael Tirado por su actuación en el caso del pederasta que acabó asesinando a Mari Luz Cortés. El aumento de las inversiones en los juzgados, su plena incorporación a las nuevas tecnologías que permitirían agilizar los procesos y evitar la descoordinación, la revisión de la planta judicial y la delimitación clara de funciones entre jueces y secretarios son exigencias compartidas por la inmensa mayoría de los jueces y requieren una negociación en profundidad con el Gobierno de la nación. En este punto conviene subrayar que el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no ha actuado en este conflicto con la necesaria cintura y que sus constantes desavenencias con los representantes del estamento judicial le han convertido en un interlocutor muy discutible, circunstancia que se ha agravado con el escándalo político que protagoniza en los últimos días, centrado en sus actividades cinegéticas y de aparente colisión con el respeto a la independencia judicial. Todavía se está a tiempo, sin embargo, de retomar las negociaciones, con cesiones por ambas partes, a fin de evitar la que ya se adivina como huelga total y paralización de la Justicia a finales de junio, ya que para entonces serán todas las organizaciones profesionales las que llamen al paro. Tal como están las cosas, ya puede ser indiferente el debate sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga.

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