LA decisión de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla de pedir la disolución de su fundación socio-asistencial revela que nos encontramos ante un escándalo de dimensiones muy considerables que puede conducir a un complicado horizonte judicial. La medida ha sido propuesta por el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el presidente de Mercasa, Ignacio Cruz, y se fundamenta en el avance de auditoría que ha conocido el órgano de gobierno de la empresa. La inspección encargada para conocer la gestión llevada a cabo por los anteriores directivos de la empresa Fernando Mellet y Daniel Ponce y detectar las supuestas irregularidades denunciadas ha arrojado como resultado la constatación de que se produjeron actuaciones "en la gestión de gastos, inversión, pagos, créditos, traspasos, contrataciones y asuntos de personal sin el sometimiento y sin comunicación de los órganos de gobierno de la empresa". La disolución de la fundación de Mercasevilla es una medida lógica que debe ayudar a que se acelere el esclarecimiento de los hechos. La auditoría encargada por la propia Mercasevilla es un elemento esencial de esa investigación y debe ser rápidamente puesta en conocimiento de la juez que investiga las irregularidades denunciadas. Los empresarios del Grupo La Raza que denunciaron la presunta extorsión a la que fueron sometidos por los directivos de Mercasevilla ratificaron ayer ante el juez sus declaraciones anteriores y además revelaron la existencia de una nueva grabación con conversaciones relativas al caso. Con la disolución de la fundación , el Ayuntamiento trata de establecer un cortafuegos para evitar que cualquier responsabilidad pueda salpicarle. Más complicado lo tiene la Consejería de Empleo. Su delegado en Sevilla, Antonio Rivas, está ya citado por el juez en calidad de imputado. El consejero Antonio Fernández mantiene el criterio de que esta imputación es de carácter técnico y que por lo tanto no procede adoptar medida alguna contra él. No hay, por el momento, indicio alguno de que no sea así. Pero lo cierto es que el caso se complica y que podemos estar ante un escándalo de dimensión nacional que tendrá también su traslación política.