NADIE sabe, a estas alturas, qué influencia van a tener en las elecciones vascas y gallegas de pasado mañana la instrucción de Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción que afecta al Partido Popular y su derivación en sentido contrario, el cese del ministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Quizás se contrarresten, pero ¿cuál de los factores pesará más?

Una vez cobrada la cabeza de Bermejo (buena pieza, ciertamente), el PP está disparando fuego a discreción contra Garzón. Después de querellarse contra el magistrado por presunta prevaricación, Rajoy ha llegado a acusar: "Garzón es socialista". ¡Qué va! Lo fue en cierta ocasión, como diputado independiente con obvia ambición ministerial. Luego intervino con decisión en el fango de los GAL y se llevó judicialmente por delante a algunos socialistas notorios. Que le pregunten a Rafael Vera, secretario de Estado de Interior, que le recusó tres veces. Garzón, más que socialista, es garzonista, y con eso está dicho todo. Es muy partidario de sí mismo, complejo y plural. Cada persona no tiene una sola alma, sino una confederación de almas, escribió Tabucchi en Sostiene Pereira. En Garzón no puede ser más evidente.

Su manejo de la investigación sobre el PP está siendo deplorable. La propia Fiscalía Anticorrupción se queja del goteo de sospechas e implicaciones que está administrando el magistrado sin decidirse a imputar expresamente a altos cargos de las autonomías de Madrid y Valencia, antes, y al tesorero nacional del PP ahora, lo que le obligaría a inhibirse y pasar el caso a los respectivos tribunales superiores o al Tribunal Supremo. No puede ser casual que Garzón haya pretendido un pronunciamiento de la Fiscalía al respecto justo el día en que terminan las campañas electorales de Galicia y País Vasco.

Ahora bien, y sin prejuzgar nada, el Partido Popular tiene encima un lío muy gordo. Sus dirigentes deben ser conscientes del mismo cuando, sin procesamiento ni nada, ya han echado a un consejero de la Comunidad de Madrid, han quitado al presidente de la comisión parlamentaria sobre el espionaje (que ésa es otra) y han obligado a dimitir a un alcalde madrileño, todos ellos relacionados con el clan de la gomina, que ha estado haciendo negocios urbanísticos y logrando contratos públicos con administraciones gobernadas por el PP. La duda es si estos conseguidores, surgidos a la sombra del poder, han actuado sólo en su beneficio o, como vienen alegando, también trabajaban para el PP. Despejar esta duda es de una importancia extraordinaria: decidirá si es una trama del PP o una trama alrededor del PP. Varía mucho la cosa.

A partir del lunes, ya sin elecciones, el PP tendrá que responder.

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