La tribuna

Manuel Ruiz Romero

Un Pacto Local para el siglo XXI

ALGUIEN afirmó con acierto que los municipios eran las cenicientas de la Constitución. 30 años después podríamos ser más crueles: son extrañas meretrices que pagan y ponen la cama. Y es que nuestros ayuntamientos, y con ellos el tan cacareado poder local, sea del color que sea, viven presos de un sistema que les hace dependientes económica y políticamente, mientras ostentan la máxima responsabilidad en la credibilidad ciudadana para con la democracia. Los municipios son el sector más débil y cautivo del conjunto de Administraciones.

Sorprende que Zapatero asegure el rescate de capitales bancarios con dinero de los contribuyentes para unas entidades que suman beneficios cada año. Mientras, no cuestiona de raíz el progresivo déficit de los ayuntamientos, insisto, sean del color que sean. Más bien, con la solución propuesta de un mega PER de Estado, aun lleno de buenas intenciones para con la obra pública, tampoco se aborda estructuralmente el problema de fondo: las cuentas municipales sufren una caída de ingresos vinculados al urbanismo, paralelamente a un incremento constante de las deudas por servicios. ¿Acaso el único margen que se les deja sea subir impuestos o sus entradas por infracciones?

Esta perversa dicotomía entre el debe y el haber condiciona el mantenimiento de la estabilidad de unos servicios básicos que, por otra parte, aumentan entre el pasotismo de otras instancias superiores que deponen, cada vez más, funciones y competencias residuales sobre una administración, que se dice, más cercana al ciudadano. Parece que el Gobierno, más empeñado ante la industria del automóvil, teme más el colapso financiero que el municipal, y eso que éste último es un garante vital para la estabilidad social y el empleo.

Nuestros municipios padecen una asfixia que los hace sumisos y subsidiarios de la Administración autonómica o del Estado. Caminan morosos y de espaldas a la dinamización de la economía local y son inútiles en la creación de empleo más allá de los funcionarios de confianza. Esta dependencia doblega las candidaturas locales independientes al bipartidismo, somete a la disciplina de partido a los dirigentes críticos o, sencillamente, ignora los derechos a una ciudadanía que haya osado votar un color diferente al que exista en otra instancia superior. Incluso las entidades de ahorro son utilizadas partidariamente tanto como sus obras sociales. Pese a los retóricos discursos municipalistas que se airean, seguimos a la espera del demagógico Pacto Local, del que se ha hablado tanto, hasta la saciedad quizás, como la reforma misma del Senado.

No cabe duda que ha habido abusos y excesos injustificables en el ámbito municipal. La falta de ética y formación en alcaldes y concejales, la fragilidad de muchas de sus convicciones, lo efímero de algunas candidaturas, el empleo de subvenciones hacia otros fines justificándolos en el principio de caja única, gastos suntuarios, la contratación de familiares y personal de confianza que sólo trabaja para sus propias siglas, la persecución de funcionarios críticos que en algunos casos han puesto situaciones en manos de la Justicia, o de honestos sindicalistas… unos y otros hechos han enmarcado unos escándalos urbanísticos como recursos fáciles para la financiación.

Y qué decir sobre unas sobrecargadas entidades provinciales de las que es necesario abrir un serio debate sobre su existencia. Blas Infante ya las rechazaba por artificiosas y caciquiles y, como lastre heredado del sistema franquista, han escapado a su eliminación y a la asunción de sus competencias por las autonomías. En esta ausencia de espíritu crítico hacia los presupuestos y competencias de las Diputaciones que sólo parecen justificarse como evidencias del sistema D´Hondt, los andaluces esperamos desde 1982 una Ley de Comarcas que no ha pasado de ser un renglón estatutario.

La participación de los Ayuntamientos en el gasto público es menor que la existente a inicios de la democracia y está claro que la comprobación de la autonomía local sólo vendrá hasta tanto Administración del Estado o autonómica no cedan poder económico, político por tanto, a su homóloga. Es una mofa a los andaluces que el Gobierno andaluz, mientras deja de ejecutar sus inversiones prevista para los ayuntamientos, no considere a los 770 existentes en Andalucía un "servicio esencial en el Estado del bienestar" con capacidad para recibir ingresos del Estado en forma de Deuda Histórica.

La Transición ha sido demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos, y dado que la política es transformar la realidad por merced del interés social, es hora de que pongamos las bases de un futuro sólido y estable. A escala muy diferente del G-20, pero convencidos de que procede armonizar la administración, sus estructuras y servicios, como base del respeto que se merece su labor en favor del bien público.

Etiquetas

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios