palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Renacer

EL 15-M está vivo. Las miles de personas que recorrieron el domingo las calles prueban, además de su vitalidad, su carácter pacífico y la heterogeneidad de su composición. Los intentos desesperados de la derecha por convertirlo en una estrambótica caricatura han fracasado. Ni violentos ni pelagatos. Le iba mucho a la derecha en este ataque exterminador contra los indignados. Mientras la izquierda política se inmola como una de esas manadas de ballenas que suicidan en las playas cumpliendo un rito misterioso (ahí está, como luego veremos, el caso de Extremadura), la derecha, inflamada con su hipotética victoria en las generales, intenta limpiar el patio de cualquier movimiento insurgente que pueda suponer un impedimento para el paseo triunfal. ¿Qué haría Rajoy con el 15-M? El problema que se plantea es grave. No es un foco de descontento que se pueda sellar con una victoria electoral ni con una mayoría absolutísima en las cámaras de representantes. Los indignados no están en los parlamentos ni funcionan con los criterios estereotipados de los partidos (pues no aspiran al poder) sino en la calle, y tener a un rival incontrolado moviéndose por las plazas es, además de un grave conflicto de orden público que pone a prueba constantemente el talante y la paciencia de la autoridad gubernativa, un reto que no se puede salvar apelando a la mayoría. El titular de portada de ayer de La Razón, que contraponía el número de votos al de manifestantes, es una fullería. Votar no es la única forma de participación ciudadana en la vida pública. La protesta, el debate, las manifestaciones, también lo son. El que entrega el voto no entrega su voluntad ni su derecho a la réplica o a la indignación, como sugiere el periódico.

Pero es que los indignados no han entregado su voto: se lo reservan. Los partidos de izquierda hacen cada vez más méritos para no merecerlo. Ni el voto de los indignados ni el de sus electores en general. Izquierda Unida en Extremadura, al consentir con su abstención el gobierno del PP, ha traspasado la frontera de la coherencia. No vale justificar la contradicción flagrante con que la decisión la han tomado las bases. Por dos razones: primero, porque las bases, por el hecho de ser militantes llanos, no detentan ninguna garantía de infabilidad. Y segundo, porque la democracia interna de los partidos no tiene nada que ver con la democracia real que reclama la gente en la calle. La partitocracia es un mundo ajeno al de los votantes con unas reglas que no se pueden exportar a otros ámbitos. ¿Tienen las bases derecho a cambalachear con los votos de los ciudadanos según los intereses y las simpatías momentáneas? ¿Pueden pedir en elecciones un voto para la izquierda y luego, en virtud intereses partidistas, cederlo a la derecha?

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