Editorial

Varapalo judicial

EL Ayuntamiento ha querido minimizar la importancia del fallo del TSJA favorable a los vecinos de Los Bermejales en elpleito de éstos contra los métodos utilizados en la cesión de suelo para una mezquita. Sostiene el Consistorio que "el efecto que podría producir la sentencia ya se ha producido". Efectivamente, la Corporación reubicó el proyecto de templo islámico en la Tecnópolis de Catrtuja 93 -un sinsentido en un Parque Tecnológico falto de equipamientos complementarios para el I+D+i- pese a que contaba con una sentencia judicial favorable frente al vecindario, la emitida previamente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 4. Lo hizo por puro electoralismo, temeroso del efecto que podía tener en las urnas su empecinamiento en vísperas de las últimas municipales y eligiendo para ello el lugar más despoblado posible. Aunque el efecto del recurso de apelación ante el TSJA planteado por los residentes ya se ha producido -el desistimiento municipal- y la mezquita no se alzará en Los Bermejales, el fallo judicial es un serio revés para el Consistorio, al que deja en evidencia en dos grandes cuestiones. La primera es la constatación de que el Patrimonio Municipal de Suelo calificaba los terrenos de Los Bermejales de forma distinta -bienes patrimoniales, en los que el Consistorio tiene prácticamente manos libres para actuar- al Inventario de Bienes -suelo de dominio público, que ha de desafectarse previamente-, una contradicción insalvable que viciaba de origen la cesión del terreno a la comunidad islámica al dinamitar la seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho: ¿puede tener un suelo dos calificaciones distintas por un mismo Ayuntamiento? La segunda y más grave aún es cómo describe el Tribunal la manera de actuar del Consistorio: "Fraude urbanístico". Para el TSJA, el debate sobre si el suelo era para un equipamiento general -como una mezquita de servicio a toda Sevilla-, o para un equipamiento sólo de barrio -una biblioteca, un centro cívico, un polideportivo- , era "una falacia", ya que se sustrajo a los vecinos el derecho a ser oídos sobre cómo debía configurarse urbanísticamente su propio barrio. No cabe mayor varapalo a una Administración que presumía de que el PGOU era el fruto de la participación y de que Sevilla es la ciudad de las personas.

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