LA Junta de Andalucía sigue empeñada en revitalizar la burbuja inmobiliaria, como si su estallido no hubiera tenido una incidencia demoledora en la actual crisis. El BOJA sigue publicando Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y Planes de Ordenación del Territorio (POT) aprobados por la Junta como si nada hubiera pasado. Se siguen proponiendo recalificaciones de millones de metros cuadrados y la construcción de decenas de miles de nuevas viviendas… y todo con el falaz argumento de asociar construcción con desarrollo.

Cuando los dirigentes estatales del PSOE intentan imputar a la burbuja inmobiliaria buena parte de la responsabilidad de la actual crisis, aquí en Andalucía se aprueban planes que suponen más de lo mismo. La Junta pretende salir de la crisis aprobando planes gestados en plena vorágine de la especulación urbanística, planes que fomentan un modelo fracasado, basado en crecimientos urbanísticos ilimitados e insostenibles. Más de lo mismo promovido -y en beneficio- por los mismos que nos han abocado a esta grave crisis económica y social.

Cuando se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Parlamento incluyó un artículo que limitaba la recalificación de suelos y la construcción de viviendas en un intento tímido por desinflar la burbuja inmobiliaria. Los límites eran amplísimos, para un periodo de ocho años se fijaban en un crecimiento máximo del 40% de suelo urbanizable, y viviendas para un crecimiento demográfico no superior a los de la última década, con un máximo del 30% más de población. También se excluían las urbanizaciones en campos de golf, con el objetivo de frenar la dispersión urbanística que estaba destruyendo el modelo de ciudad compacta mediterránea, creando una trama urbana dispersa, económica y territorialmente ingestionable.

Desde entonces la política de la Junta de Andalucía ha consistido en modificar estas normas e inventar subterfugios para eludir el mandato parlamentario. Por presión de los promotores urbanísticos pronto se modificó el decreto del golf, permitiendo más macrourbanizaciones. Se buscaron sistemas truculentos como las "Áreas de oportunidad", teóricamente zonas para construir viviendas para una demanda distinta y superior a la municipal (¿de dónde?), llegándose a contabilizar como suelo urbano actual las urbanizaciones ilegales, lo que permite unos mayores porcentajes de crecimiento, y no se contabiliza la superficie de estas urbanizaciones al regularizarlas. En unos POT se plantean crecimientos que duplican o triplican los suelos urbanos y la población actual; en otros se reparten cupos de miles de viviendas para los Ayuntamientos de forma discrecional, como si de una lotería se tratara; incluso se llega a facultar a los Ayuntamientos a saltarse los límites estipulados por el Parlamento. Todo un despropósito sin sentido en los tiempos que corren.

La tasa de crecimiento de la población andaluza en la última década ha sido del 14%. Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística son de una fuerte reducción en la próxima, debido a razones socioeconómicas evidentes. En 2006 se construyeron 150.000 viviendas en Andalucía, en 2011 bajó a 13.725. Hay 130.000 viviendas sin vender. Por el contrario, cada vez es más difícil el acceso de la población, sobre todo de los jóvenes, a una vivienda digna, que es un derecho constitucional. ¿Cómo se sigue planteando la construcción de viviendas para crecimientos de población muy superiores a los existentes y previsibles? ¿Para quiénes serán esas decenas de miles de nuevas viviendas?

¿Qué se pretende? La política urbanística de la Junta y los Ayuntamientos sigue demostrando un servilismo vergonzoso hacia las empresas constructoras que siguen añorando los años dorados de la burbuja inmobiliaria; y también hacia las entidades financieras que han comprado enormes bolsas de suelo en la periferia de las ciudades y en el litoral, cuya recalificación supone un aumento de los activos de estas entidades. Más activos tóxicos que generarán nuevas burbujas y crisis financieras.

Este intento de revitalizar la política del "ladrillo", además de irresponsable, está abocada de nuevo al fracaso y contradice los compromisos de los máximos dirigentes de la Junta de Andalucía y del PSOE de promover un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la educación. Al PP, partido que se propugna como alternativa, le parecen incluso insuficientes estas medidas de la Junta para fomentar el ladrillo y propone derogar el POTA y modificar la Ley de Costas para permitir la urbanización de la primera línea de playa. ¡Aviados estamos!