Una competencia, una Administración

EN la ambiciosa agenda de reformas estructurales puesta en marcha por el Gobierno para lograr la recuperación económica y la creación de empleo, desde el Ejecutivo se está trabajando también en la reforma integral de las administraciones públicas para hacerlas más austeras, efectivas y eficientes. Se trata de un importante compromiso del Partido Popular que no se resuelve con un solo proyecto o un paquete de medidas, sino que exige actuaciones -algunas ya en marcha- desde distintos ámbitos. Así, la reforma integral de las administraciones públicas inició su andadura con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, continuó con la Ley de Transparencia,con la Ley de Unidad de Mercado y otras muchas medidas que se han ido adoptando en este último año.

Ahora, las miradas están centradas en la reforma de la Administración Local, y han surgido algunas dudas y temores (muchos de forma interesada) sobre ella. Esta reforma no es ni mucho menos un intento recentralizador del Gobierno. No hace peligrar puestos de trabajo, al contrario; es su mejor garantía. Con ella no se vacía de competencias los municipios, ni se pretende privatizar servicios, y por supuesto, no conlleva una intervención del Estado sobre los entes locales. Estos planteamientos parten del desconocimiento de la reforma del Ejecutivo y sobre todo del desconocimiento de la situación real que afrontan muchas administraciones locales.

Esta reforma pretende racionalizar las estructuras administrativas, evitar duplicidades y dotar de financiación a las entidades territoriales para llevar a cabo los servicios públicos de su titularidad, consiguiendo además una mayor cohesión territorial.

En nuestro país tenemos un sistema de distribución territorial donde se entrelazan hasta cinco instancias: Estado, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, municipios y entidades instrumentales dependientes de las anteriores (mancomunidades). Cinco niveles administrativos que, en muchas ocasiones, prestan los mismos servicios a los ciudadanos o incluso entorpecen la prestación de uno de ellos al intervenir de forma paralela en su gestión.

Por ello, el punto de partida para abordar la reforma es identificar la escala territorial más apropiada para la ejecución y desarrollo de las competencias y conceder a todos los ciudadanos la igualdad en el acceso y en la prestación de servicios públicos.

No debemos olvidar que en España hay 8.116 municipios, de los que un 84% tiene menos de 5.000 habitantes. La cohesión territorial debe consistir en garantizar a los ciudadanos, de acuerdo con los principios de coherencia y solidaridad, la igualdad de oportunidades, el disfrute de una buena calidad de vida y acceso a los servicios, independientemente del territorio en el que se encuentren.Y ése es el fin último de esta reforma: garantizar la prestación de servicios públicos de calidad al ciudadano.

La premisa de esta reforma pasa por "una Administración, una competencia". Poner coto a la tan habitual delegación de competencias no se debe entender como un interés por vaciar de contenido a los municipios, de ir contra los municipios pequeños, ni de eliminar competencias que eran propias de éstos. Ningún municipio por pequeño que sea dejará de tener competencias; todo lo contrario. La reforma fija, clarifica y consolida las competencias de los ayuntamientos, lo que facilitará al ciudadano el saber quién es el titular de una competencia y exigir la responsabilidad de su ejercicio.

Además se establece el régimen para que las entidades locales puedan prestar las denominadas "competencia impropias" y se garantice la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias; como el que la delegación de competencias conllevará el 100% de la financiación de la competencia delegada y garantía de cumplimiento.

¿Qué es lo importante para el ciudadano? ¿Quién presta el servicio o que éste se preste de la mejor manera posible, de forma eficiente y con el menor coste?

Desde el PP defendemos las entidades locales, como también siempre hemos defendido que los ciudadanos deben tener los mismos derechos y oportunidades independientemente del territorio en el que vivan. Y es por esa la razón por la que se establece que cuando un Ayuntamiento no pueda prestar un servicio o no pueda hacerlo con la calidad que los ciudadanos merecen, éste será prestado por una entidad superior.

En España tenemos más de 4000 entidades públicas, 445 censadas en el ámbito estatal, 2.326 en el autonómico y más de 1.400 en el sector público local. Y con esta reforma se impulsaran medidas en materia de reordenación y racionalización del sector público local: se limita el crecimiento del sector público local, se exige su saneamiento y se eliminan los organismos que sean deficitarios. En cuanto a los cargos electos, no se reduce el número de Concejales, pero si se limitan sus retribuciones máximas dependiendo de la población. También se limitan las dedicaciones exclusivas y el número de eventuales atendiendo a los principios de proporcionalidad y racionalidad.

El PP es un partido municipalista y lo que esta reforma pretende es garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los municipios y ordenar el funcionamiento de todas las Administraciones Públicas para que presten servicios de calidad al ciudadano.