En defensa de la economía de las regiones

HACE unos días el consejero de Economía de Baleares reclamaba en Barcelona una reflexión serena y objetiva sobre la verdadera responsabilidad de las regiones en el devenir de la crisis económica. También el presidente gallego, Núñez Feijoo, realizaba un llamamiento a la serenidad a la hora de responsabilizar a las comunidades autónomas de los problemas de la economía española. La cuestión es que de un tiempo a esta parte las regiones están en el ojo del huracán de los problemas financieros del Estado y se perfilan como terreno propicio para la celebración de importantes contiendas electorales, de cara a 2012.

A la expectativa de alguna sorpresa inesperada durante el relevo de cargos, la deuda autonómica asciende a 115.000 millones de euros, una quinta parte del total de la deuda pública, mientras que el déficit fiscal se eleva hasta los 30.000 millones, un 2,8% del PIB que, por compromisos con Europa, habría que recortar hasta la mitad de aquí a fin de año. En términos de tamaño no parece una tarea imposible, pero la extremada debilidad de las finanzas regionales indica que será muy difícil de conseguir, lo que explica que el dedo acusador de los culpables de la crisis, que durante los últimos años se ha desplazado desde la construcción a los partidos políticos y las instituciones de la democracia, pasando por la corrupción urbanística, bancos y cajas, despilfarro y estímulos fiscales, déficit público, agentes económicos y sociales, deuda soberana, etc, se acabe de posar sobre las regiones.

Puede que tras las denuncias se enmascaren pretensiones de importantes recortes de gasto por parte de los nuevos responsables autonómicos, aunque me inclino a pensar en que el fracaso de la política autonómica constituye un filón electoral de magnitud sólo comparable al fracaso de la política económica y que los partidos de la oposición están dispuestos a exprimirlo al máximo. Se ha detenido la convergencia y las economías más perjudicadas por la crisis están siendo las más desfavorecidas, con Andalucía y su problema de desempleo a la cabeza.

Nos encontramos, por otro lado, ante una importante crisis estructural en el sistema, incapaz de arbitrar mecanismos eficaces para la cooperación, cuyo origen se remonta a la comparecencia de Zapatero en el Parlament catalán y a su compromiso de apoyo a la reforma del Estatut que allí se propusiera. Después vino el desmantelamiento del sistema de solidaridad regional, la exaltación del bilateralismo y la quiebra del principio de igualdad en las relaciones con el Estado. No cabe sorprenderse de la rebelión catalana ante el objetivo de déficit para este año, sobre todo a los dos meses de conseguir la rectificación del Gobierno en sus pretensiones de impedirle la emisión de deuda pública nueva, como tampoco de que el PP pretenda sacar el máximo provecho electoral de tan suculento filón, pero creo que sería una grave irresponsabilidad permitir que de los fallos de funcionamiento y coordinación que, sin lugar a dudas, han existido, se concluya que las economías regionales no pueden funcionar eficientemente en ningún caso.