La tribuna

Ángel Rodríguez

El desajuste

NO podemos dudar ya de la existencia de un grave desequilibrio en la reacción del Estado de Derecho contra el uso del urbanismo como fuente irregular de financiación de municipios, partidos o particulares. Está originado por la práctica desaparición de los controles ordinarios, por una parte, y el uso abusivo de los extraordinarios, por otra.

Los controles ordinarios deberían de ser, como marca el sentido común, los que, tanto preventivamente como con carácter sancionatorio, frenaran en primer lugar esta modalidad de corrupción política de algunos ayuntamientos. Pero no se extrañe usted si al leer una afirmación tan inocentemente naif le ha aflorado involuntariamente una sonrisa en los labios: hace tiempo que la fiscalización del Tribunal y de la Cámara de Cuentas, la supervisión de la Administración autonómica o el control de la jurisdicción contencioso-administrativa demostraron que no servían prácticamente para nada en estos casos, y permítame que no me refiera a la labor de los funcionarios supuestamente encargados de reparar o de velar por la legalidad del funcionamiento de estas corporaciones, para evitar así que su sonrisa se transforme en una abierta carcajada.

Existen, además, otros tipos de controles, tan importantes como los citados, de los que también hace tiempo que no tenemos noticia: el que deberían proyectar los partidos políticos sobre sus propios cargos públicos. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de un partido cuyo comité de ética haya impedido formar parte de una candidatura a alguien de poco fiar pero capaz de llenar de votos las urnas de su pueblo? Yo tampoco. Es realmente lamentable que los partidos, a los que nuestra propia Constitución encomienda un papel trascendental para el desarrollo de la democracia representativa, hayan hecho una dejación tan evidente de sus funciones, y se limiten, en el mejor de los casos, a proclamar la tolerancia cero ante la corrupción, pero nunca antes de que hayan sido enviados a la cárcel los que ellos mismos presentaron como los mejores candidatos: la caballería llegando cuando ya se han ido los indios. Si el escenario permitiera ponerse chistoso, sería un buen momento para apostillar que, más que de educación para la ciudadanía (ya saben, para los ciudadanos y para las ciudadanas), la verdadera urgencia de este país consiste en elevar considerablemente la dosis de educación cívica de nuestra clase política.

¿Qué tenemos por el otro lado? Un Derecho Penal que, ante el enorme vacío provocado por la inoperancia de esos instrumentos, pretende erigirse como la única respuesta jurídica capaz de atajar el problema, pero que, ignorando su papel de última ratio (algo que nuestros estudiantes aprenden casi cuando entran en la Facultad), se ha expandido claramente fuera de sus límites: el panorama actual no podría describirse sin tener en cuenta instrucciones sumariales con más protagonismo policial que judicial, interceptaciones indiscriminadas de las comunicaciones, detenciones a la carta y en directo, prórrogas arbitrarias de privación de libertad y un uso interesado de los medios de comunicación con un irreparable daño para la reputación de las personas.

Todo ello, además, con un alto riesgo de ser igualmente ineficaz, porque, como saben muy bien los criminólogos, una vez que se ha dejado que la corrupción política llegue a ese nivel delictivo ya se ha generado a su alrededor un trama de criminalidad muy difícil de erradicar; y, además, porque, precisamente por la trascendencia de los bienes jurídicos en juego (la libertad de las personas), el Derecho Penal se rodea de una muñida red de garantías que sembrará de potencial nulidad todo lo actuado sin su observancia, con la eventual frustración del ciudadano que, creyendo ya juzgado y condenado al detenido que ve por televisión entrar esposado en la cárcel, no llega a entender que poco después pueda reintegrarse a su vida normal y que al cabo del tiempo sea incluso declarado inocente.

En definitiva, nos jugamos mucho en la lucha contra la corrupción urbanística local, una lacra cuya erradicación debería constituir un objetivo prioritario de nuestros gobernantes. Pero, precisamente por la trascendencia del partido, no deberíamos ceder a la tentación de apostar todo a la tanda de penaltis sin haber jugado antes los dos tiempos reglamentarios y, si fuera necesario, la prórroga. Quien piense que al fin y al cabo lo importante es sólo ganar al adversario debería reflexionar sobre lo que ocurre cuando se justifican como meros "daños colaterales" los que se producen cuando, con la mejor de las intenciones, se entra en la vida y en el honor de las personas como elefante en cacharrería.

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