Editorial

Una instrucción desmedida

NINGÚN proceso electoral o cambio político importante se libra de la intervención de la juez sevillana Mercedes Alaya. La instructora de la causa de los ERE se ha propuesto, desde que lo es, alcanzar el máximo protagonismo en la vida pública al acompasar sus autos de imputación y otras decisiones a los momentos más álgidos de la política regional. Este miércoles, dentro de la primera semana de la campaña electoral para el Parlamento Europeo, Alaya ha decretado la imputación de dieciséis personas más -el número de imputados se aproxima a los 190- en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo y las subvenciones de la Junta en la primera década del siglo. En esta ocasión la bomba de relojería judicial no se dirige contra la cúpula política de la comunidad autónoma -ex presidentes, ex consejeros, senadores y diputados, todos ellos aforados y ajenos a la jurisdicción de Alaya-, sino a destacadas personalidades del mundo financiero y económico, como el presidente de Unicaja -la única caja de ahorros andaluza que ha sobrevivido a la crisis bancaria y demostrado su solidez-, el ex presidente de El Monte, los presidentes de la Corporación Tecnológica de Andalucía y de la red de parques tecnológicos andaluces o el hoy secretario general técnico de Abengoa. La juez instructora, que les ha llamado a declarar la semana que viene, les atribuye delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad tan sólo por haber sido entre 2001 y 2008 miembros de los consejos rectores de las agencias IFA e IDEA, que actuaban como entidades pagadoras de las ayudas que otorgaba la Consejería de Empleo, que la juez estima ilegales. Cuidándose una vez más de imputar a quien presidía IDEA, Francisco Vallejo, que es un político aforado, para no tener que trasladar sus diligencias a un tribunal superior, Alaya ha dado un paso más en una instrucción desmedida, politizada, arbitraria en algunas de sus resoluciones y dañina para el honor y la imagen de cargos públicos y personalidades que en ocasiones, como en el auto que comentamos, tenían en los órganos investigados una función meramente representativa. Un auto como el del miércoles debería ser, sin duda, rechazado por la Fiscalía y rectificado por la Audiencia Provincial. Todo el proceso que instruye con maneras tan personalistas la juez de instrucción número seis de Sevilla ha derivado en un argumento sólido, si es que faltaba alguno, para urgir la anunciada reforma del proceso de indagación de los presuntos delitos a fin de que lo rescate de las manos de un tipo de jueces estrella que deciden en solitario, con exceso de discrecionalidad a veces, sobre la vida y la reputación de los ciudadanos. El espectáculo debe acabar.

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