LA TRIBUNA ECONÓMICA

Joaquín Aurioles

La lucha contra el ciclo

APARECEN las primeras grietas en el último de los baluartes del bienestar. La seguridad social también comienza a resquebrajarse y cerrará 2011 con déficit, gracias al imparable crecimiento del desempleo y a un nuevo descenso en el número de cotizantes. Para 2012 no se esperan mejorías significativas, por lo que, aunque todavía se pueda proclamar aquello de que "nosotros no somos Grecia", debemos reconocer que cada vez nos parecemos más, sobre todo tras la sucesión de noticias y desmentidos sobre el verdadero estado de las cuentas públicas. La experiencia griega nos ha mostrado que para retornar a la senda del crecimiento hay dos condiciones necesarias (el saneamiento de las cuentas públicas y del sector financiero) y dos fórmulas maestras. La primera tiene como ingrediente principal la reducción del tamaño del sector público y fue recomendada en el tratamiento de los casos de Portugal e Irlanda. La segunda, elegida para el caso italiano, consiste en desplazar temporalmente a los partidos políticos de la responsabilidad de dirigir el país y sustituirlos por tecnócratas libres de servidumbre y menos aprensivos a la hora de adoptar medidas impopulares y con costes electorales. En Grecia se vieron obligados a probar las dos medicinas, mientras que las primeras decisiones del nuevo gobierno en España indican que todavía se confía en las recetas tradicionales de la política fiscal para reducir el déficit y que se mantiene la incertidumbre sobre las nuevas orientaciones de la reforma financiera.

En el próximo Consejo de Ministros se tendrán más pistas acerca de cuánto tiempo pretende el gobierno mantenerse en esta senda, sin duda pertinente e inaplazable, pero también insuficiente e incluso contradictoria con el más urgente de los problemas del país, que sigue siendo la creación de empleo. El aumento de los impuestos y la reducción del gasto pueden estar perfectamente justificados por el desorden en las cuentas públicas, pero no dejan ser medidas de carácter procíclico que hay que complementar con otras medidas de estímulo. El problema es de dónde sacar el dinero para estas últimas y la respuesta no puede ser otra que la reducción del tamaño del Estado. Esto significa que también España se verá obligada, tarde o temprano, a aplicar el primero de los tratamientos para la crisis griega, asumiendo que el insoportable coste del Estado no se corrige sólo con más impuestos y menores sueldos de funcionarios, sino cerrando organismos públicos que en estos momentos son ineficientes por costosos porque han desaparecido las circunstancias que aconsejaron su creación o porque sencillamente carecen de presupuesto para realizar sus funciones. Ni siquiera de una reforma laboral bien planteada cabe esperar efectos significativos sobre el empleo a corto plazo. En todo caso, favorecer la contratación y reducir el paro estructural, pero la condición básica para la creación de empleo sigue siendo el retorno a crecimientos superiores al 2% y para ello es preciso desactivar cuanto antes sus dos principales elementos retardadores: la parálisis bancaria y el mantenimiento de un sector público costoso e ineficiente.

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