HA habido división, pero menos. El Consejo General del Poder Judicial decidió ayer, por 14 votos frente a 7, confirmar la multa de 1.500 euros al juez sevillano Rafael Tirado por una "falta grave de desatención" al no ejecutar una condena de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle.

Ocurre que el juez declaró firme, y ordenó ejecutar, la sentencia condenatoria de Del Valle (ya llevaba un retraso de 31 meses) el 13 de enero de 2006, pero no controló su ejecutoria durante más de dos años. Ocurre también que en ese tiempo Santiago del Valle atacó y provocó la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés. Y ocurre que la Policía le detuvo el 26 de marzo de este año y que al día siguiente el juez emitió la orden de busca y captura. Demasiado tarde para el sentido común. Trágicamente tarde para Mari Luz y para su familia.

Siquiera sea por las consecuencias que tuvo, la negligencia de Rafael Tirado sólo puede ser calificada como muy grave. Eso le hubiera supuesto al menos una suspensión durante meses de sus funciones jurisdiccionales. No lo ha estimado así el Consejo del Poder Judicial. Quizás la mayoría se ha atenido al principio de legalidad, como dicen, pero su interpretación de los hechos y las circunstancias han sido los más benévolos hacia su compañero juez. La sanción no va mucho más allá de la que correspondería a algunas faltas de tráfico. Mil quinientos euros por una desatención en el trabajo que ha facilitado una muerte, de la que, por supuesto, sólo es culpable Santiago del Valle.

Cuando estalló este escándalo -¿o lo llamamos de otra forma para edulcorar la realidad?- se denunció que la reacción del Gobierno, y de Mariano Rajoy, contra la levedad de la sanción anterior alentaba cierto linchamiento del juez Tirado al que se quería utilizar como chivo expiatorio o cabeza de turco de las deficiencias de la Justicia. La Junta y el Gobierno trataban de exculparse de su responsabilidad por las condiciones materiales y personales en que se encuentran los juzgados. Es una denuncia razonable, pero inquietantemente sesgada. Aun en las situaciones de colapso, hacinamiento, déficits de funcionarios y descoordinación informática, un juez tiene que dar prioridad a lo que es prioritario, y la captura de un pederasta convicto, reincidente y con tendencia natural a reincidir de nuevo, lo es. Puede aplazar trámites y decisiones múltiples, pero no retrasar la ejecución de la condena firme de un delincuente sexual que agrede a niñas.

Hay una responsabilidad individual objetiva por el trabajo mal hecho. De lo contrario llegaríamos a la autoindulgencia temeraria que criticaba Simone de Beauvoir: si todos somos culpables, nadie lo es.

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