Hoja de ruta

Ignacio Martínez

Una multa de tráfico

EL Consejo General del Poder Judicial le ha puesto al juez Tirado una multa de tráfico: 1.500 euros. La misma sanción que le impuso el CGPJ presidido por Francisco José Hernando, tan denostado. En un caso y en otro, el Consejo se ha comportado como un comprensivo sindicato de intereses. El juez Rafael Tirado es un magistrado con prestigio de buen profesional, pero dejó sin ejecutar durante dos años una condena de cárcel contra Santiago del Valle, el pederasta que supuestamente mató a la niña de Huelva Mari Luz Cortés hace un año. Tráfico no perdona la multa, los puntos, y hasta la retirada de carné, cuando un conductor comete una grave imprudencia, por buena que sea su reputación al volante. Aquí, sin embargo, no vale el código de circulación. Los jueces se han agarrado al artículo 117 de la Constitución, que dice que ellos son el poder judicial, independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

La votación de ayer es un paradigma de corporativismo profesional. El presidente del Consejo y los ocho miembros propuestos por el PP se han pronunciado a favor de mantener la multa a Tirado. También cinco de los nueve vocales designados por el PSOE. Una vocal propuesta por el PP era incluso partidaria de retirarle la multa, por entender que no había cometido falta alguna. Y sólo cuatro de los miembros designados por los socialistas, el de CiU y la del PNV han votado una suspensión por dos o seis meses.

Se da la circunstancia de que los cuatro andaluces que forman parte del CGPJ han decidido mantener una simple multa a Tirado. Han sido tres propuestos por el PSOE, Miguel Carmona, ex presidente de la Audiencia de Sevilla, de la progresista Jueces para la Democracia; Manuel Torres Vela, ex presidente de la Audiencia de Málaga, de la centrista Francisco de Vitoria, e Inmaculada Montalbán, ex magistrada de lo Contencioso en Granada, de JpD. Y lo mismo hizo Pío Aguirre, ex presidente de la Audiencia de Jaén, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, designado por el PP.

El 23 de diciembre de 2008 puede pasar a la historia como el día en que se produjo una fractura seria entre la sociedad española y una judicatura más preocupada por sus intereses gremiales que por una mejor administración de justicia. Las encuestas de los diarios digitales son rotundas: están en contra de lo decidido por el Consejo por 9 a 1. El padre de la pequeña Mari Luz ha dicho que es una vergüenza nacional. Juan José Cortés ha añadido que "la indulgencia a este juez es volver a la Edad Media, donde las personas podían salvarse simplemente por su nombre". Más allá de los legalismos, sus colegas le han puesto a Tirado una multa de tráfico: según ellos iba en la buena dirección, pero fue demasiado lento. No pierde puntos. Es inamovible.

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