editorial

La peligrosa deriva del 15-M

LA confusión, espontaneidad y heterogeneidad del movimiento de rebeldía ciudadana surgido el 15 de mayo (15-M) lo hacía presa fácil de los grupos antisistema, los únicos dotados de organización y estrategia para conducir las movilizaciones a su terreno favorito, que no es otro que el del desafío al sistema democrático. Ya durante las acampadas se fue alimentando la idea de que la legitimidad de las instituciones democráticas y los cargos públicos elegidos en las urnas era inferior a la de las propias asambleas callejeras. Por eso se rechazó la advertencia de la Junta Electoral sobre la prohibición de actos políticos en las horas previas a la jornada electoral del 22-M y se organizaron concentraciones para abuchear e insultar a los concejales que iban a tomar posesión durante los plenos constituyentes de los nuevos ayuntamientos. Más tarde hubo marchas y protestas ante algunos parlamentos e incluso delante del Congreso de los Diputados, donde los españoles depositan su soberanía en representantes libremente elegidos. Por último, varios miles de radicales sabotearon el trabajo del Parlamento de Cataluña, acorralando a los diputados, insultándolos, y obligando a muchos de ellos a llegar a la sede parlamentaria en helicóptero o en furgones policiales. Aparte de su evidente ilegalidad, esta acción constituye por sí misma una intolerable agresión a la democracia. A pesar de su pretendida defensa de la democracia real, quienes han vejado a los parlamentarios catalanes, prácticamente secuestrados en sus escaños, han atacado la democracia realmente existente, y lo han hecho mediante el ejercicio de la violencia. Estos episodios relatados, junto a otros como el acoso al alcalde de Madrid por un colectivo de radicales y, por supuesto, el rebrote de las coacciones abertzales en el País Vasco tras la victoria de Bildu, apuntan a una peligrosa deriva hacia la intolerancia y el fanatismo. Hay que cortarla de raíz, ley en mano, para evitar que este país sufra un proceso de batasunización de la vida pública. Es decir, un retroceso de la libertad.

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