Editorial

La política y los tribunales

LA Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió esta semana, por unanimidad, archivar la querella presentada por el Partido Popular de Andalucía contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por la subvención de diez millones de euros concedida por la Junta cuando la presidía el querellado a la empresa minera Matsa, en la que trabaja la hija de Chaves. Donde el PP veía hechos constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias el Alto Tribunal no ha visto más que el funcionamiento normal de la política de subvenciones a la creación de empleo puesta en marcha por el Gobierno andaluz y que la tramitación del expediente cumplió los requisitos legales. El hecho de que Chaves no se abstuviera de participar en la reunión de su consejo de gobierno en la que se acordó ratificar la citada subvención no es suficiente para deducir que se ha producido un acto de prevaricación o un tráfico de influencias. Si bien puede ser investigado en el ámbito de lo contencioso-administrativo, no aparece la ilicitud penal que el principal partido de la oposición había supuesto. Al mismo tiempo, la juez instructora del caso Mercasevilla, de presunto cobro de comisiones ilegales a empresarios por parte de los gestores de esta empresa pública, ha rechazado también la imputación, solicitada por el PP y el Partido Andalucista, del alcalde de la capital andaluza, Alfredo Sánchez Monteseirín. No existe base alguna para imputar al alcalde un delito de encubrimiento, señala el auto de la juez. Los dos casos, Matsa y Mercasevilla, son ilustrativos de la tendencia de algunos representantes públicos a judicializar la vida política, atribuyendo a cualquier irregularidad o anomalía de la vida política la condición de escándalo que ha de dilucidarse en los tribunales. De este modo, al tratarse de procedimientos largos y complejos, se generan innumerables noticias que mantienen viva la llama del escándalo, aunque al final no pueda probarse la existencia de delito alguno. Un político en el poder puede actuar incorrectamente o realizar una gestión negativa para los intereses públicos, pero cada caso debe sustanciarse en el ámbito estrictamente político, con la denuncia, la información y el debate parlamentario, sin que por ello sea un delincuente al que hay que meter en la cárcel. Se le hace un flaco favor a la Justicia, y también a la política.

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