UNO de los peores defectos que arrastra la Administración autonómica es la permanente alteración de sus estructuras y organigramas. En la historia de la autonomía han sido frecuentes los cambios en la organización institucional en función de los criterios, igualmente cambiantes, de los mandatarios de la Junta de Andalucía, las tendencias procedentes de otros territorios e incluso las modas políticas. Cada equipo de gobierno se ha organizado de manera diferente, afectando a la configuración de los departamentos y la distribución de competencias entre ellos, con lo que ello supone de trastorno, aumento del gasto público y generación de inseguridad. El Gobierno formado por la presidenta Susana Díaz tras su dificultosa investidura en el cargo no ha escapado de esta práctica: ha incrementado el número de consejerías, de once a trece, y ha reasignado las competencias entre ellas, en contra de una orientación ya generalizada de ir hacia un adelgazamiento de la Administración a la búsqueda de una mayor eficiencia y, en todo caso, de un modelo estable que se independice de los vaivenes políticos. Precisamente ésta fue una de las condiciones que los grupos de la oposición habían coincidido en plantear a Susana Díaz cuando se negociaban los posibles apoyos en la sesión de investidura, finalmente zanjada con los votos de Ciudadanos. El Consejo de Gobierno celebrado ayer alumbró al fin el nuevo organigrama de la Junta y lo hizo en la dirección solicitada: en el nuevo Ejecutivo se suprimirán 27 altos cargos con respecto al anterior, 13 en los servicios centrales de las consejerías y 14 que afectarán a directivos de los entes instrumentales que complementan la organización de la Junta. De acuerdo con el portal de transparencia abierto por la Junta, el número de altos cargos y directivos es actualmente de 238, a los que hay que añadir 222 como personal de confianza de libre designación. Todavía parecen muchos, aunque en un análisis imparcial de esta cuestión habría de tener en cuenta la extensión territorial y la dimensión poblacional de Andalucía, en la que el poder político precisa de estructuras de presencia y organización más ambiciosas que en casi todas las demás comunidades autónomas españolas. En cualquier caso, hay que dejar constancia del esfuerzo de ahorro y simplificación que significa esta decisión del Ejecutivo autonómico que, de todos modos, aún no ha encontrado el esquema de funcionamiento estable que después de tres décadas largas de autogobierno necesita Andalucía. Es una tarea pendiente que hay que reclamarle al nuevo equipo gobernante para ponerlo, también en esto, a la altura de los nuevos tiempos que se prometen.

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