El Consistorio insiste en la necesidad de negociar un ERTE con la plantilla

  • El alcalde explica que, si no hay acuerdo, tendrá que tomar medidas en forma de reducción de salarios y despidos selectivos para que el Consistorio pueda subsistir

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El nuevo alcalde de Villanueva del Río y Minas (Unión Minera), Francisco Barrera, está a la espera de las propuestas que le hagan los representantes del personal municipal, con quienes tiene previsto volver a reunirse el 21 de diciembre junto a asesores de los sindicatos que se desplazarán desde Sevilla, para tomar una decisión sobre las medidas de recorte que -afirma- son necesarias para garantizar la viabilidad del Consistorio, con unos gastos en personal que superan los 3,1 millones de euros y siete millones de deuda municipal.

En los primeros encuentros tras las elecciones, el nuevo gobierno, en el que está también el edil del PP, ya planteó a la plantilla la posibilidad de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de forma que parte del personal se fuera al paro dos años con el compromiso de volver y que en los dos años siguientes lo hiciera otra parte del personal, hasta que la situación económica se recuperase. Pero lo rechazaron entonces.

Barrera asegura que se ha reunido con los responsables de la Consejería de Empleo, que le han trasladado que estarían dispuestos a aceptar un ERTE si hubiera acuerdo con la plantilla y se justificara. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) lo rechazan porque, según el edil, la Junta considera que "abriría la puerta" a recortes similares en cientos de municipios andaluces que lo están demandando.

Pese a que su reto es alcanzar un acuerdo, el alcalde insiste en que la economía municipal es tan ajustada que, de cualquier forma, tendrán que tomar decisiones, que podrían pasar por rebajas de sueldo o despidos selectivos. Con los ingresos del Estado, la Junta y las tasas e impuestos, Villanueva recibe unos 145.000 euros al mes, cuando los gastos en personal, con los seguros sociales, se acercan a los 200.000.

Desde las elecciones del 22 de mayo la plantilla ya se ha reducido. De 117 trabajadores para un municipio de 5.200 habitantes se ha quedado en 90. Cuatro policías municipales en comisión de servicio que se incorporaron hace un año se han trasladado a otros pueblos por los retrasos de sus nóminas. Tampoco se ha renovado a algunos temporales. Otros cinco trabajadores que se ocupan de la recogida de la basura pasarán a depender desde el 1 de enero de la Mancomunidad de Servicios de La Vega, que asumirá este servicio al igual que lo hará -avanzó el alcalde de Villanueva -, con los de los municipios de Lora del Río, Alcolea y Peñaflor.

Barrera se mostró además muy preocupado por los servicios que debe prestar el Ayuntamiento, con varios núcleos de población dispersos y separados varios kilómetros, lo que multiplica los gastos. También por las prestaciones sociales. "En tiempo de paz estamos como si administráramos una economía de guerra", asevera, cuando describe la situación de pobreza que se ha agravado en un municipio que dependía de unas minas que no funcionan desde hace décadas. Cerca de 90 familias acuden semanalmente al banco de alimentos. Hay 600 desempleados, el 40% de la población activa.

En cuanto a la deuda que arrastra este Ayuntamiento -sin industria que genere ingresos alternativos para la población y el Consistorio desde que cerró la mina-, 1,5 millones son a la Seguridad Social. Justo ahora, se ha logrado el cuarto aplazamiento -el anterior gobierno socialista incumplió tres- para empezar a pagar. Precisamente, Villanueva del Río y Minas ha sido el primer municipio al que la Diputación le ha aprobado un adelanto de 87.000 euros para afrontar estos pagos inaplazables con la Seguridad Social. Ello, unido a la devolución a la Junta de algunas ayudas que no se gastaron en el fin previsto, ha permitido al Consistorio volver a recibir subvenciones, como las del Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea, el antiguo PER), que tenía retenido pero que arrancará esta semana.

El Consistorio se quedó fuera de la ayuda para nóminas porque la Diputación interpretó que podía cubrirlas con los ingresos de la Junta que, sin embargo, el anterior gobierno usó como aval para solicitar un préstamo por la misma cantidad. Así, lo que se recibe mes a mes va íntegramente al banco. En la actualidad, se debe a plantilla una paga extra y todavía no se ha podido abonar la paga de noviembre.

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