Uno de los asuntos por los que el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido un toque de atención en el Informe Anual de 2016 del Defensor del Pueblo Andaluz es el tremendo retraso que se produce en el Tribunal Económico-Administrativo Municipal, encargado de resolver reclamaciones sobre gestión, recaudación o inspección de impuestos municipales. Dentro del apartado de administración tributaria, Jesús Maeztu califica de "inaceptables" esas "dilaciones", a pesar de que ha emitido numerosas resoluciones al respecto.

En el resumen de los casos tramitados en 2016 recoge dos de las últimas quejas que le han llegado sobre este órgano del Ayuntamiento. Han partido de ciudadanos que, en desacuerdo con multas o embargos por impago de tasas municipales, han acudido al tribunal y tras más de un año de espera, su caso no se ha resuelto.

En una resolución, Maeztu recuerda al Ayuntamiento que la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común obliga a que la actividad administrativa se rija por los principios de "eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano", con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En una recomendación, el Defensor insta además a la Alcaldía, en este caso presidida por Juan Espadas (PSOE), a tomar las medidas necesarias para "dotar al Tribunal Económico-Administrativo de los medios suficientes que permitan evitar los retrasos estructurales que se producen en la tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se presentan por parte de la ciudadanía".