Las envasadoras de aceite de oliva reclaman una cata previa y anual

La determinación de la fórmula que permite la clasificación del aceite de oliva en virgen o virgen extra, una diferencia sustancial, tanto para el consumidor como para el productor y el envasador, es continuo alimento para el desacuerdo y no acaba de encontrarse el modo de satisfacer a todos los agentes implicados en un sector fundamental del mercado agroalimentario andaluz y español.

La Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) y la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) consideran que el aceite de oliva virgen español necesita mejores sistemas de catalogación y valoración que los vigentes o, al menos, otros que los complementen.

Este debate se reaviva en la víspera de la Feria Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra e Industrias Afines “Expoliva”, que se inaugura mañana día 22 en Jaén y tendrá su previo hoy mismo con la celebración de “La noche del aceite”, jornada que organiza el Grupo Joly con el patrocinio de la Consejería de Agricultura, La Caja Rural de Jaén y AGR+ Andalucía y la colaboración de la Diputación de Jaén, MG Talent, Amenduni y Puerto de Algeciras.

En este momento los envasadores reclama una cata oficial previa al envasado del aceite de oliva y cuyos resultados tengan una vigencia legal de un año. Consideran que de esta manera, se añadirían garantías a los consumidores y, a la vez, reduciría la inseguridad jurídica y la incertidumbre que conlleva un proceso tan subjetivo como el del análisis organoléptico.

Así lo explica el informe “Los falsos mitos sobre el aceite de oliva virgen español”, elaborado por ambas asociaciones.

Anierac y Asoliva aseguran que agricultores, productores, cooperativistas, envasadores y exportadores, todos los eslabones de su cadena de valor, coinciden en que la forma actual de aplicar la cata “desestabiliza el mercado y daña su reputación”.

El sector ha propuesto a la Administración que se permita al operador que lo introduce en los canales de venta contar con un aval en su responsabilidad mediante “una cata oficial realizada al producto antes de su envasado, cuyos resultados deberían tener una vigencia legal de un año”. Durante este plazo de tiempo, indica, “se practicarían controles periódicos para verificar la autenticidad del producto distribuido: que el aceite en el mercado sea el mismo que en su día se analizó”. Así se mejoraría más, si cabe, la calidad al tiempo que se reforzaría la seguridad jurídica. “Sería una solución temporal porque esta, como cualquier otra cata, adolecería de los mismos defectos”, concluye.

La "nariz electrónica"

Afirman que la búsqueda de un método científico de evaluación preciso también es una prioridad y reconocen que la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, especialmente la Junta de Andalucía, han impulsado durante los últimos seis años proyectos de investigación e innovación “con el objeto de desarrollar tratamientos de datos a partir de señales instrumentales que puedan proporcionar al panel test un plus de objetividad”. Se trata de perfilar una metodología científica y equilibrada –conocida como “nariz electrónica”- que complemente o sustituya la de los paneles-test.

El sector del aceite de oliva genera anualmente un valor estimado de más de 4.000 millones de euros para la economía nacional, de los que aproximadamente el 40% lo aporta el producto estrella de máxima calidad, el AOVE.

Datos del sector

Está integrado por 1.755 almazaras, 1.500 envasadoras y 22 refinerías, así como 400.000 olivicultores repartidos en 35 de las 50 provincias españolas donde se cultivan 2,7 millones de hectáreas (5,5 millones en la Unión Europea).

Además, el estudio realizado por Asoliva y Anierac pone de relieve algunos “falsos mitos” y el primero de ellos es el de la creencia de que en los lineales de los supermercados se encuentra en ocasiones aceite de oliva falso. “No existe fraude –afirma tajantemente-, sino discrepancias de valoración subjetiva entre distintos paneles, aun siendo todos oficiales”. Resulta esencial, apunta el informe, que “la catalogación del aceite de oliva, virgen o virgen extra, se efectúe teniendo en cuenta conjuntamente todas las pruebas realizadas, las organolépticas y las fisicoquímicas”.

Estas últimas, realizadas con equipos de alta precisión, “confirman continuamente que nuestros aceites de oliva son auténticos y genuinos, no se mezclan con otros de inferior calidad y cumplen al cien por cien los requerimientos de pureza y calidad que exige la normativa europea vigente”, sostienen.

Dicen que también está extendida, sin ninguna base real, la idea de que “los paneles de cata son infalibles”. Sin embargo, reiterados estudios e investigaciones ponen en evidencia que “son habituales los casos en los que una misma muestra presenta diferencias en la clasificación, en función del panel de cata que la valore”.

Otra creencia que rechazan es la de que “no hay alternativas al panel de cata”. Dicen que se está avanzado en metodologías científicas objetivas que acaben con estas incertidumbres o las palíen. Estas propuestas están orientadas a complementar y elevar el nivel técnico y la objetividad de los sistemas de clasificación de las categorías del aceite comercializado –y sobre todo del AOVE–.

Pero mientras, el sector demanda con unanimidad a las administraciones una aplicación que ofrezca garantía jurídica a los operadores, como sería el del sometimiento a los aceites de oliva vírgenes a una cata previa antes de su envasado y comercialización y que, en caso de ser apta, tenga una validez de 12 meses.

Garantía para el consumidor

De esta manera entienden que se obtendría una garantía más sólida al consumidor y una mayor seguridad jurídica a los operadores de la cadena de suministro pues se podrían garantizar las buenas prácticas y calidad.