Denuncian una agresión grave a un educador de un centro de menores de Alcalá de Guadaíra

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha mostrado su "máxima preocupación e indignación" tras una grave agresión a un educador social que sufrió varias fracturas en el Centro de Internamiento de Menores Infractores La Jara, en Alcalá de Guadaíra.

El suceso, ocurrido durante el turno de noche del pasado martes, periodo en el que la plantilla se encuentra más reducida, provocó al profesional de 63 años varias fracturas que han determinado su situación de baja laboral.

El sindicato ha insistido en un comunicado en que este episodio no constituye un hecho aislado sino que "es sintomático de una crisis generalizada que afecta a los centros de reforma juvenil en Andalucía".

CCOO ha alertado de "un deterioro alarmante de las condiciones laborales, un incremento exponencial de las agresiones y una acusada inestabilidad contractual, factores que amenazan tanto la integridad de los trabajadores como la calidad del servicio prestado".

El sindicato enmarca esta agresión "en un contexto nacional de extrema gravedad, marcado trágicamente por el fallecimiento de una educadora en Badajoz y el apuñalamiento de una compañera en Bilbao".

Y ha asegurado que en Andalucía la situación es "igualmente crítica, con graves incidentes reportados en diferentes provincias:

Agresiones físicas recientes en centros de Sevilla y Almería, donde un educador requirió puntos de sutura en un ojo; destrozos en las habitaciones de los centros de Córdoba, Sevilla y Jaén, incluyendo inundaciones intencionadas en este último, así como alertas de profesionales de Granada y Córdoba que advierten de que los nuevos perfiles de menores requieren más personal y protocolos especializados.

A esto suman la violencia verbal en forma de amenazas, insultos, gritos y descalificaciones que son "una realidad cotidiana en estas instituciones".

Según CCOO, la exposición continuada a entornos de alta peligrosidad "está generando un grave deterioro de la salud mental del colectivo, con cuadros de ansiedad y estrés laboral crónico".

El sindicato atribuye esta situación insostenible a tres factores: "Una financiación insuficiente que prioriza el criterio económico sobre la calidad asistencial y educativa; una falta de supervisión efectiva por parte de la Junta de Andalucía para garantizar condiciones dignas y seguras; y el estigma social que rodea a estos centros, reduciendo el interés político por mejorarlos".