El Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla ha suspendido, de nuevo, el juicio en el que están procesados, entre otras personas, el alcalde de Bormujos, Francisco Molina, y la también edil del gobierno local María del Carmen Garfía, por un presunto delito de prevaricación al haber permitido, supuestamente, más altura de la permitida en el cerramiento de un almacén municipal. Su celebración estaba prevista para el 6 de octubre, pero según ha informado el PSOE local, el juez ha decidido suspender hasta que se resuelvan los recursos de la defensa. Ya se aplazó también el pasado mes de junio.

“Visto el estado de las actuaciones, estando pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto en fase de instrucción” se acuerda suspender, según extracto literal de la nueva resolución judicial dictada que recoge el PSOE de Bormujos en un comunicado.

Además considera que la decisión del aplazamiento "viene a dar la razón al alcalde", quien mantenido que había recursos pendientes de resolver y que, en el supuesto de que fueran estimados, podrían conllevar incluso el archivo de una causa por la que le han pedido de forma reiterada su dimisión, tanto desde la oposición, como de sus socios de gobierno de Cs, que llegaron a romper el pacto y a intentar una moción de censura que no salió.

El PSOE de Bormujos dice "celebrar" esta decisión judicial y "lamenta nuevamente esta exposición pública, a la que vienen siendo sometidos nuestros compañeros y mantenida ya a lo largo de dos años". 

En la nota defiende además que ha estado "centrado en trabajar por el municipio, mientras que la oposición se ha dedicado a calumniar y difamar sin ningún tipo de escrúpulos la imagen pública de sus representantes".

"El grupo municipal socialista ha estado y sigue trabajando en el gobierno del Ayuntamiento de Bormujos, en este segundo mandato, en los dos años más difíciles de la historia de nuestro país, con la pandemia del COVID-19; y lo ha estado haciendo en coalición y en solitario, sin abandonar su principal labor, que es el bienestar de Bormujos", apostilla.

En el auto de apertura de juicio oral se atribuía un presunto delito de prevaricación contra el alcalde y su concejal de Obras Públicas; así como contra otras personas. También hay un imputado por tráfico de influencias.