Adelante lleva al Constitucional la Diputación Permanente que convalidó el decreto de simplificación

El decreto de simplificación del Gobierno andaluz se encuentra con otro obstáculo. Los diputados de Adelante Andalucía, cada uno de forma individual, han presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra el "disparate jurídico" que consideran la Diputación Permanente que se activó en el Parlamento en los primeros días de confinamiento.

Los parlamentarios de la coalición de izquierdas llevan al Alto Tribunal tanto la resolución de la Presidencia del Parlamento que habilita a la Diputación Permanente, como la propia convocatoria de este organismo para el día 2 de abril. Lo que consideran vulnerado los duputados de Adelante es su derecho a la representación política que figura en el artículo 23.2 de la Constitución y, por lo tanto, ven también conculcado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.

El encargado de dirigir el equipo de juristas que han elaborado el decreto ha sido Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional, que considera que el recurso tiene muchas posibilidades de salir adelante. La tesis son las mismas que adelantaron varios expertos en Constitucional, entre los que también se encuentra Esperanza Gómez, ex senadora y ex parlamentaria andaluza y ahora portavoz de Más País.

En definitiva, el recurso defiende que la resolución aprobada por Bosquet viene a resolver una "laguna" en el reglamento de la Cámara que para estos juristas es inexistente. La Diputación Permanente, como recoge el Estatuto de Autonomía, sólo puede convocarse durante las vacaciones paralamentarias o en los periodos que van entre una legislatura y la siguiente. La resolución equiparó la situación actual al de unas vacaciones parlamentarias e incluso habilitó al organismo a convalidar decretos, aunque esta facultad sólo la tiene en periodo entre legislaturas.

Urías, en la presentación de recurso, ha señalado directamente a Marta Bosquet por apostar que la Cámara andaluza, "en vez de funcionar como parlamento con todas las garantías, iba a funcionar como Diputación Permanente", lo que "recorta las posibilidades de la Cámara". Lo cierto es que, a pesar de ser una propuesta de la presidenta del Parlamento, la decisión se aprobó con el apoyo de todos los grupos, incluido Adelante, aunque la coalición de izquierdas tiene voz, pero no voto, en la Mesa de la Cámara.

Según el jurista, durante un estado de alarma el Parlamento "tiene que funcionar normalmente, ya sea telemática o presencialmente". Es lo que hará antes de final de mes después de que los servicios jurídicos hayan avalado el voto telemático y vuelvan los Plenos. "Cuando hay Diputación Permanente no se pueden reunir las comisiones" del Parlamento, de forma que los diputados "especializados", por ejemplo, en educación o sanidad, "no pueden controlar la acción del Gobierno", ha defendido Urías.

Por esos motivos consideran los diputados de Adelante Andalucía que se ven conculcados sus derechos fundamentales y, por lo tanto, los de los ciudadadanos a los que ellos representan. Esgrimen el artículo 23 de la Constitución, el mismo al que aludió Patricia del Pozo, ahora consejera de Cultura, cuando en la pasada legislatura consideró que la constitución de la Mesa de la Cámara fue contraria a derecho. El Constitucional le dio la razón, pero tardó varios meses en deliberar.

Por contra, el Altro Tribunal tendrá que decidir antes sobre el decreto de simplificación normativa del Gobierno andlauz, ya que será la semana próxima, el 6 de mayo, cuando se posicione sobre el recurso interpuesto por el Gobierno central por conflicto de competencias en varios artículos de la norma estrella del Ejecutivo de Juanma Moreno. En total, son tres los recursos relacionados con este decreto que tendrá que ver el Constitucional, ya que al del Ejecutivo central y al de Adelante Andalucía -que es tangencial al decreto- hay que sumar el anunciado por el PSOE andaluz.