La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha impuesto a María Ángeles Gala y Rocío Sayago Gómez, ex secretarias del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, sendas fianzas civiles de 336.125,12 euros y 80.000 euros, respectivamente, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación en la causa.

En un auto dictado recientemente, la juez recuerda que ambas están imputadas por delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos. Sobre María Ángeles Gala, la instructora considera que sería "conocedora de los numerosos intrusos incluidos" en las pólizas de prejubilaciones de las distintas empresas y que incluso "facilitaría su inclusión mediante la comunicación de los mismos a las entidades mediadoras, con la renta a cobrar en cada caso y asimismo sería receptora de sus documentos de vida laboral".

De la misma forma, Alaya sostiene que la ex secretaria de Guerrero conocería que "ninguna" de estas personas tenía derecho a cobrar la renta de prejubilación, puesto que no pertenecían a la empresa tomadora de la póliza, "conociendo" asimismo que eran beneficiarios de fondos públicos, "bien por su relación con el director general o bien por otras relaciona con ciertos cargos de la Junta o con los sindicatos".

Alaya recuerda, como ha hecho en otras resoluciones anteriores, que mediante este sistema se favoreció a "amigos y familiares, quienes han percibido ilegítimamente sumas de dinero que se regalaron arbitrariamente y sin control alguno por las autoridades con las que colaboraban.

La instructora señala igualmente que ambas trabajadoras serían conocedoras del presunto tráfico de influencias del conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, y del "negocio que éste tendría a través de la consecución de subvenciones para terceros". Derivado de ese conocimiento, Alaya cree que María Ángeles Gala obtendría del director general de Trabajo que su amigo José Luis Llorente fuera incluido en la póliza de rentas de la empresa Aglomerados Morell, al que por mediación de Juan Lanzas se le haría en esta empresa un contrato de trabajo simulado, lo que originó un coste para la Junta de 165.585,75 euros.

En el caso de Rocío Sayago, que fue secretaria adjunta y colaboradora de María Ángeles Gala, la juez indica que sería igualmente conocedora de la inclusión de los numerosos intrusos y que los mismo no tenían derecho a cobrar las rentas de prejubilaciones y que se trataba de fondos públicos.

Alaya dice que Sayago también conocía el sistema de "pagos cruzados", los pagos ordenados por la Dirección General de Trabajo y que fueron redactadas por ella misma o por María Ángeles Gala y dirigidas a las entidades mediadoras para autorizar que el dinero remitido para un póliza fuese desviado para abrir otra cuenta para la que no existía autorización alguna por parte del IFA, un sistema que fue empleado para la inclusión de intrusos o atender los "compromisos" del director general de Trabajo.