La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado este martes delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias a un sexto hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos. En su comparecencia ante la juez, que se ha prolongado durante sólo diez minutos, Alfonso Ruiz-Mateos Rivero se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y al término de la misma, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de las acusaciones particulares ha pedido ninguna medida cautelar para este nuevo imputado.

La juez le ha atribuido los tres delitos en relación con las ayudas que recibieron las empresas Dhul y tres bodegas propiedad del grupo Nueva Rumasa, según han explicado fuentes del caso.En un auto reciente, Alaya amplió los hechos en relación con las ayudas a la comercial Dhul, por cuanto señaló que esta compañía, “necesitada de fondos adicionales de más de dos millones de euros, ante un primer fracaso de ampliar una póliza, suscribió finalmente un préstamo con la Caja Rural de Granada para financiar el supuesto sobrecoste en el plan de prejubilaciones”. Al final, la dirección general de Trabajo de la Junta y la agencia Idea suscribieron un convenio por el que se abonaron otros 2.399.785,62 euros a Dhul, aunque el coste total de primas fue de 2.458.772,12 euros. Según un informe de la dirección general de Seguros, “las primas superan en 58.986,70 euros las prestaciones del seguro, lo cual indica –dada la casi nula cobertura de riesgo- que se pagó un sobreprecio sobre este seguro”.