La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo escrito ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, en el que solicita de la instructora que envíe un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamando de los investigadores que fijen un "calendario previsible" para la entrega de los informes sobre las ayudas y entre los que se encuentran pendientes de llegar el de la Sierra Norte de Sevilla, sobre las subvenciones relacionadas con el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, aunque el fiscal no se refiere expresamente a ningún informe en concreto.

En febrero de 2012, la Guardia Civil remitió un informe en el que concluía que Viera jugó un "papel esencial" en la trama de ayudas de la Sierra Norte, no sólo porque era conocedor "de todas las ayudas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte", sino porque indicó cuáles tenían que "salir adelante", como es el caso de todas aquellas relacionadas con los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago. La Guardia Civil apuntó que el atestado completo se entregaría en breve, pero han pasado ya dos años desde el anuncio y el informe sigue sin entregarse en el juzgado de Alaya.

En el escrito presentado ahora por la Fiscalía Anticorrupción, el Ministerio Público reclama un "calendario previsible de fecha de ejecución y entrega de los informes de seguimientos relativos a las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas pendientes de elaborar/entregar en el Juzgado".

Esta petición se produce cuando algunas fuentes están cuestionando la posible prescripción de los delitos en el caso del ex consejero José Antonio Viera, dado que el próximo 25 de abril se cumplen diez años desde que abandonó su cargo en la Junta de Andalucía, aunque otras fuentes señalan que el plazo de prescripción depende del delito y podría ser incluso superior a los diez años. José Antonio Viera es uno de los siete preimputados por la juez Alaya desde septiembre pasado, en unión de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En anteriores escritos, no en el presentado ahora, el Ministerio Público ha advertido sobre el posible riesgo de algunos de los delitos relacionados con los hechos que se investigan en la causa de los ERE.

La Fiscalía también ha pedido a la juez que la Guardia Civil informe del resultado de las entradas y registros practicados desde el inicio de la causa, detallando el resultado de los mismos y la documentación pendiente de analizar, así como de las declaraciones tomadas en calidad de testigos e imputados que estén "pendientes de incorporar a los informes de seguimiento".

Por último, el fiscal pide a los investigadores que den detalle de "la documentación retirada de la 2º planta del edificio judicial [donde se ubica el juzgado de Alaya] conforme a la Diligencia de entrega de fecha 21 de julio de 2011".

El fiscal justifica estas diligencias en la "finalidad de tener información del estado actual de las investigaciones que se están llevando a cabo por la UCO de la Guardia Civil, por la Agencia Tributaria y por la Dirección General de Seguros en virtud de los auxilios jurisdiccionales acordados al objeto de poder proponer lo que proceda conforme a Derecho para el buen fin de la investigación y la necesaria concreción de la imputaciones que se deriven de los hechos que son objeto de investigación". De ahí que haya requerido igualmente información a los otros dos organismos sobre los informes solicitados en el marco de la causa de los ERE fraudulentos.