Anticorrupción pide prisión provisional para Fernández y la Junta que comparezca semanalmente en el juzgado

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias, han pedido esta tarde a la juez Mercedes Alaya que acuerde el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, imputado por el escándalo de los ERE fraudulentos. La Junta de Andalucía, que también ejerce la acusación, sólo ha pedido que se fije una comparecencia apud acta semanal del ex consejero, que se le retire el pasaporte y se le imponga una fianza para cubrir las posibles responsabilidades civiles de 68 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones han elevado a 890.052.666 euros la fianza de responsabilidad civil para hacer frente al posible perjuicio causado por la concesión de las ayudas irregulares.

La petición del Ministerio Público y de estas acusaciones se ha producido durante una comparecencia celebrada en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la adopción de medidas cautelares y la petición se justifica porque la Fiscalía Anticorrupción entiende que hay riesgo de fuga y la posibilidad de influencia en los testigos, al tiempo que considera que los delitos son muy graves y las penas que pudieran imponerse son elevadas, ya que sólo en el caso de la malversación de caudales públicos la pena se eleva a 18 años.

El fiscal Anticorrupción ha argumentado que el hecho de que Fernández haya respondido a todas las preguntas de las partes no implica una colaboración con la Justicia. "El responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración", ha afirmado.

La postura que iba a adoptar la Fiscalía sobre la situación procesal de Antonio Fernández se intuía claramente desde la última pregunta que le realizó en su interrogatorio y en la que puso de manifiesto las sospechas del Ministerio Público respecto a que el sistema había sido “ideado por la Junta para tener las manos libres a la hora de disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior, en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de los ciudadanos andaluces”.

La solicitud de ingreso en prisión se produce tras cuatro días de declaración y más de treinta horas de un interrogatorio en las que Antonio Fernández ha intentado contestar al aluvión de imputaciones que le planteó la juez Mercedes Alaya alegando una y otra vez que el sistema por el que se concedían las ayudas “era y sigue siendo legal”. Esta tesis la mantuvo Fernández cuando realizó un alegato final al término del interrogatorio de la juez, a la que manifestó que siempre ha tenido “el criterio y la conciencia de trabajar bajo el principio de la legalidad y de la legalidad presupuestaria”.

"¿Cómo podría yo haber evitado esto?"

La declaración del ex consejero ha finalizado la tarde de este lunes con un alegato en el que proclama su inocencia y su desconocimiento de las irregularidades que se han producido en las ayudas públicas, ya que ha asegurado que tenía una gran confianza en el equipo de personas que trabajaban con él en la Consejería. "¿Cómo podría yo haber evitado esto?", ha sido la última frase que ha pronunciado Fernández en su defensa.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo ha explicado a los periodistas que Antonio Fernández ha dicho a la juez que dentro de su absoluto convencimiento de que ha actuado "bajo la legalidad y sin consentir ilegalidades por parte de nadie, a día de hoy y ante los evidentes indicios que contiene el procedimiento, se cuestiona y se tortura pensando si podría haber actuado de otra manera".

El ex consejero ha reflexionado sobre si "en lugar de ser un consejero impulsor, debía haber sido un consejero cercano y vigilante de la gestión de sus subordinados y no tan confiado", en clara alusión al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión por esta causa. Fernández ha reconocido que a estas alturas "ya no hay vuelta atrás" y ha lamentado que además del "enorme daño personal" siente un "gran pesar por el daño institucional que esto ha producido no sólo a la Junta sino a la propia Comunidad Autónoma, habida cuenta del carácter público y los términos en que se está desarrollando el debate a nivel nacional" sobre el escándalo de los ERE.

Por la mañana, la defensa de Antonio Fernández ha presentado a la juez un documento remitido por la empresa González Byass que acredita que el ex consejero ha formado parte de todos los listados de trabajadores de la empresa en el periodo comprendido entre 1980 y 2008, si bien la juez entiende que a partir de 1981 ya no era trabajador y por tanto no le correspondía su inclusión en el ERE de 2008.Ese documento fue aportado por la empresa hace dos meses a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero a día de hoy la Guardia Civil aún no ha remitido el atestado de González Byass en el que tendrían que haberse adjuntado esa documentación.

La magistrada le imputó al inicio de su comparecencia, el pasado viernes, un total de seis delitos. En concreto, la juez le atribuye delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil, y otros cuatro de carácter continuado: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios.

La imputación de Alaya al ex consejero Antonio Fernández se vertebra en una triple argumentación. En primer lugar, la juez entiende que el ex alto cargo era “conocedor” de la inclusión de intrusos en los expedientes de las ayudas públicas. En segundo, que también conocía los “importantes reparos” que había puesto la Intervención General de la Junta al sistema de transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas. Y en tercer lugar, por su inclusión en el ERE de González Byass de 2008, en el que la juez considera que fue incluido a pesar de que entiende que Antonio Fernández ya no era trabajador y por tanto no podía acogerse a la prejubilación. Sobre su renuncia al ERE, la instructora sospecha que se produjo una vez que el ex consejero tuvo conocimiento de este procedimiento judicial.