Un último cartucho para defender la legalidad del sistema de concesión de las ayudas públicas que la juez cuestiona. El ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, reveló ayer en su declaración en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla la existencia de un informe de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que a su vez contaría con el respaldo de la lntervención General de la Junta, que vendría a avalar la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas públicas ahora bajo sospecha, aunque ese documento no está incorporado a la voluminosa causa que investiga la juez Mercedes Alaya.

Fernández anunció la existencia de ese informe en el transcurso del interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, a la que el ex consejero explicó que en el año 2008, coincidiendo con la salida de Francisco Javier Guerrero de la dirección general de Trabajo y su sustitución por Juan Márquez, dio a este último instrucciones para que se hiciera una revisión de las actuaciones que se habían llevado a cabo en relación con las ayudas públicas vinculadas a los ERE. Según el ex miembro del Ejecutivo autonómico, Juan Márquez pidió entonces un informe a la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para que se determinara si el procedimiento de concesión de ayudas era correcto o no.

La respuesta que se recibió de IDEA, y que estaba "refrendada" por la Intervención General de la Junta, señalaba que "en términos generales el procedimiento era correcto" y lo único que había que hacer era sustituir el modelo de transferencias de financiación por el de encomiendas de gestión, como así se hizo posteriormente.

Ese informe -que en realidad era una consulta de IDEA a la Intervención- no consta en la causa ni tampoco se ha aportado un documento interno remitido al director general de Trabajo en el que se acreditaría la existencia de ese dictamen, por lo que su introducción en el interrogatorio de ayer resultó sorpresiva.

De hecho, uno de los mayores reproches que la instructora realiza en su imputación al ex consejero, que ocupó el cargo entre 2004 y 2010, deriva de su conocimiento de los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta había efectuado al procedimiento para materializar las ayudas mediante las transferencia de financiación de Empleo al IFA y que fue objeto de varios informes enviados a la Consejería y al IFA en los años 2005, 2006 y 2007.

La Fiscalía también preguntó a  Fernández  por qué no se publicó el convenio marco de 2001 -que regulaba las ayudas-, al contrario de lo que ocurrió con el del sistema de encomiendas de gestión, a lo que Fernández  señaló que los "servicios competentes" no informaron a su departamento de que hubiera que proceder a esa publicación, sin concretar este extremo ni qué servicios debían de haber comunicado la necesidad de su publicación.

El ex consejero volvió a insistir en que no existía ningún "criterio jurídico" que cuestionara el procedimiento y citó como ejemplo que cuando el secretario del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) realizó algunas apreciaciones sobre dos expedientes de ayudas concretas, esas modificaciones se aceptaron y realizaron por parte de la Consejería de Empleo, lo que según la defensa del ex consejero redunda en que siempre que se hacía alguna objeción a una ayuda ésta se introducía.

De esta forma, Fernández recordó que se paralizó el pago de algunas ayudas como sucedió con el segundo ERE de Mercasevilla del año 2007, que ha generado un conflicto con los trabajadores al no asumir finalmente la Junta el pago de las prejubilaciones, que ascendían a más de nueve millones de euros.