Desarticulada una red que estafaba al SAS con prótesis para muertos

Camas articuladas, carritos eléctricos. Su precio ronda en muchos casos los 10.000 euros. Era un negocio y lo hacían con estos artilugios. El caso es que iban destinados a personas que no los necesitaban. Habían muerto.

La Guardia Civil puso ayer fin al fraude en Jerez y en Puerto Real. Los detenidos prescribían, recepcionaban y atendían recetas irregulares del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Fuentes de la investigación no descartan que el número de detenidos aumente en las próximas horas.

El despliegue de los agentes de la Guardia Civil se concentró en una ortopedia del centro de Jerez y en el hospital clínico universitario de Puerto Real. Los agentes salieron de ambos centros con detenidos. Los investigadores buscaban desde sus inicios a los responsables de un fraude consistente en prescribir aparatos ortopédicos de precios muy elevados a personas que no los necesitaban e incluso a fallecidos.

En la ortopedia Índalo, en Jerez, hubo al menos un detenido. En el hospital clínico universitario de Puerto Real los usuarios fueron testigos del revuelo provocado por la escena protagonizada por dos administrativos esposados que eran conducidos por los agentes a un furgón de la Guardia Civil.

Fuentes de la investigación informaron de que estas personas llevaban al menos cuatro años fuera del llamado departamento de prestaciones, que es el que hace entrega a los pacientes de los aparatos que necesitan. Pero la Guardia Civil apunta más alto: no cree que ni el empleado de la ortopedia jerezana ni los administrativos del centro hospitalario sean los cerebros o los únicos responsables de la red, por lo que sigue en pie la sospecha de que pueda haber facultativos o cargos del clínico de Puerta Real implicados en la trama.

Ahora, la detención de esos dos administrativos tiene sentido para algunos de los afectados por el fraude. Una mujer detalló ayer a este periódico su caso. Hace aproximadamente un año, la Guardia Civil de llamó a su domicilio en Puerto Real. Tenía que declarar en el cuartel de Jerez porque, según le dijeron, se había abierto una investigación. El motivo era que alguien había encargado una pierna ortopédica para su marido, valorada en unos 2.000 euros. Lo que no cuadraba a los investigadores es que cuando la mujer conoció este encargo, su marido llevaba varios años muerto. Ahora, hace más de diez. Esta mujer explicó ayer que prestó declaración, y pidió que la mantuvieran informada del desarrollo del proceso judicial.

Fuentes de la investigación explicaron que el propio hospital anunció entonces que abriría una investigación por posible desvío de fondos en ese departamento. Estos dos empleados que fueron apartados de su cargo desarrollaban hasta ayer su trabajo en oficinas de dos especialidades distintas, en consultas específicas del hospital.