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Caso de los ERE

La Fiscalía pide que se investigue al empresario Sayago por un delito de alzamiento de bienes

  • La juez Bolaños envía la denuncia a reparto tras el informe de la Agencia Tributaria que alertó de supuestas operaciones financieras "opacas".

  • El empresario aseguró que está "al corriente de sus obligaciones tributarias" y señaló que montar una estructura es una decisión empresarial, pero no ningún delito.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la juez María Núñez Bolaños que abra una nueva investigación por un delito de alzamiento de bienes al empresario José María Sayago, uno de los imputados por las ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, después de que la Agencia Tributaria alertara en un informe sobre las supuestas operaciones financieras “opacas” realizadas en el extranjero por este empresario. La instructora ha decidido en una providencia deducir testimonio y enviar la denuncia al decanato de los juzgados de Sevilla para que otro juzgado investigue estos hechos, dado que la magistrada considera que esta nueva denuncia “no guarda relación alguna con los hechos investigados en las presentes actuaciones”.

En el informe enviado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Agencia Tributaria explicaba a la juez una serie de movimientos que apunta a la creación de una “estructura de opacidad” de los bienes de Sayago por parte del despacho profesional de asesoramiento “Nummaria”, que es actualmente objeto de una investigación por parte del juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde se ha encontrado documentación relacionada con las empresas creadas por Sayago.

En el documento, la delegación especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía comunicaba a la instructora que se han detectado una serie de hechos y circunstancias que podrían tener relación con la pieza en la que se investigan las ayudas a este empresario afincado en su día en la Sierra Norte de Sevilla.

Así, explica que la sociedad mercantil Hamburgo Mayo, vinculada a Sayago, se constituyó en septiembre de 2012 –cuando ya había estallado el escándalo de los ERE- con un capital social de unos cinco millones de euros. En octubre de 2012, según la Agencia Tributaria, se produjo un aumento de capital suscrito por la entidad inglesa Sharpid Limited por 5,5 millones. El informe señala que la empresa inglesa contabiliza una inversión por esa cuantía, pero los fondos para llevarla a cabo “son ajenos, ya que la cuenta de acreedores a menos de un año tiene un saldo por dicho importe”.

Sharpid Limited, cuya sede social está en Inglaterra y Gales y que está a su vez participada por dos entidades de Costa Rica -London Corporation y Aljayma Holdings Investments- pasó a participar en diciembre de 2013 en una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), denominada Ixion Management, que nombra como administración único de la agrupación europea de interés económico a José María Sayago, y precisa a este respecto que el despacho Nummaria “se caracteriza por la creación de Agrupaciones Europeas de Interés Económico como instrumento de elusión tributaria y patrimonial.

Coincidía el planteamiento, proseguía la Agencia Tributaria, con las “estructuras utilizadas por el despacho Nummaria: una entidad/persona española; una AEIE que está participada por la entidad y una Limited británica, que ostenta la mayoría del capital; la Limited británica administrada por un testaferro; y una o dos sociedades costarricenses, que formalmente detentan el capital de la Limited”.

Decía el informe que en la investigación abierta por la Audiencia Nacional hay documentación de la “creación por parte de Nummaria de una estructura de opacidad sobre las operaciones en las que interviene José María Sayago”. Las investigaciones que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) viene realizando sobre la utilización de estas estructuras societarias complejas, de ámbito nacional e internacional, diseñadas y gestionadas por Nummaria rubrican que se basan en un principio muy sencillo: “la opacidad”, recoge el informe, que añade que todos los esquemas diseñados tienen un denominador común: “la utilización de sociedades (ya sean españolas o extranjeras) de las que se desconoce, a priori, su titular real (sociedades opacas al fisco) con el fin de ocultar rentas y patrimonios de forma ilícita y evitando que las mismas tributen en España en sede de los verdaderos propietarios de las estructuras societarias: los contribuyentes españoles que eluden sus obligaciones fiscales”.

El informe recordaba un auto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla del 24 de abril de 2012, en el que se imputó al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, donde se hacía alusión a las ayudas directas a empresas de la Sierra Norte por importe de 51,5 millones de euros, siendo las más favorecidas las que controlaban Sayago y Rosendo.

Estas empresas, continuaba, surgen desde que ambos fueron nombrados vicepresidentes y consejeros delegados de la empresa Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso, cuyo socio mayoritario era el ayuntamiento de esta localidad. Y a partir de la constitución de esta sociedad se crea un “entramado de sociedades controladas por los señores Sayago y Rosendo, muchas de las cuales, sólo eran empresas pantalla, sin actividad ni trabajadores, utilizadas únicamente para captar ayudas públicas para el enriquecimiento personal y desarrollo empresarial de sus titulares”.

La Agencia Tributaria concluyó que “pudo pesar las posibles responsabilidades económicas” que se derivan del caso de los ERE “en el hecho de crear estas estructuras societarias”.

“Por lo que parece la pretensión de Sayago es la de incorporar 5.500.000 euros a la sociedad española, pero se hace adoptando la forma de aportaciones de acciones inexistentes. Con lo cual, se pone de manifiesto el afloramiento de ese importe por parte de Sayago, que pudiera tratarse de bienes del propio Sayago cuyo origen se desconoce”. El informe pedía a la juez Bolaños que reclame la documentación incautada en relación a José María Sayago que obre en el juzgado Central de Instrucción número 2, ofreciéndose la Agencia Tributaria a analizarla y valorarla.

La AEIE tiene “actividad cero”

Por su parte, el empresario José María Sayago, quien según la Guardia Civil formaba junto a José Enrique Rosendo –ya fallecido- el tándem que recibió importantes ayudas de los ERE sobre todo en la Sierra Norte de Sevilla, aseguró que todas sus sociedades están “al corriente de sus obligaciones tributarias”, que Hacienda “tiene conocimiento de todo” y señaló que montar una estructura es una “decisión empresarial, no es ningún delito”. El empresario lamentó, asimismo, que teniendo la Agencia Tributaria la información “objetiva” de las declaraciones presentadas se dedique a hacer “elucubraciones” para enviárselas a la instructora.

Frente al informe de la Agencia Tributaria, el empresario José María Sayago aseguró que no hay ninguna operación opaca en la constitución de la AEIE, por cuanto ésta tiene “actividad cero, no tiene ningún tipo de movimiento”.

Sayago explicó que montar una estructura como ésta es una “decisión empresarial, no es ningún delito”, y añadió que Hacienda tiene “conocimiento de todo”, ya que todas las operaciones son “transparentes”. Así, el empresario insistió en que “todos lo movimientos están perfectamente documentados” y todas las sociedades están “al corriente de sus obligaciones tributarias”, por lo que se mostró “muy tranquilo” ante el informe enviado al juzgado por la Agencia Tributaria.

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