El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha asegurado este lunes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que "nadie" le advirtió de que con el uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis se omitía la fiscalización previa de las mismas por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Antonio Fernández, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha dicho en la tercera jornada de su declaración que no tenía constancia que con este sistema se estuviera omitiendo la fiscalización previa de las ayudas. "Ni entonces ni ahora he tenido advertencia de nadie. Nadie me ha informado, advertido ni aconsejado" sobre este asunto, ha subrayado el ex consejero de Empleo, que ha añadido que "nadie le dio cuenta de cómo se fiscalizaban" las ayudas.

A su juicio, había una "fiscalización permanente" de las subvenciones y la Intervención General de la Junta ha tenido "acceso para hacer el control que estimara oportuno", ha defendido.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga le ha preguntado al ex alto cargo cuándo tuvo conocimiento del "uso inadecuado" de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, a lo que Antonio Fernández ha dicho que no tuvo conocimiento hasta el año 2008 con la llegada del nuevo director de Trabajo Juan Márquez, antes no había recibido "ningún tipo de comentario o advertencia", ni "nadie" tampoco le había advertido de la ausencia del procedimiento.

El ex consejero ha asegurado que "no vio" e informe adicional al de Control Financiero Permanente del IFA del año 2003 elaborado por la Intervención General de la Junta –que fue notificado en 2005- porque "nada extraordinario venía en ese informe" ni tenía "ningún elemento de preocupación", ya que, según ha dicho, ni el entonces viceconsejero Agustín Barberá ni él como consejero han recibido ningún informe donde aparezcan las palabras "ilegalidad o menoscabo" de fondos públicos.

Fernández ha añadido que todos los conceptos como "inidóneo o inadecuado" que aparecían en esos informes respecto al uso de las transferencias son "rebatibles" mediante la presentación de las correspondientes alegaciones al informe de la Intervención, dado que si no se advierte de una "clara ilegalidad" y entonces se declara la "suspensión" de la ayuda, "todo lo demás se reduce a un debate entre técnicos".

Además, el ex consejero ha sostenido que en las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta, conocidas como "el consejillo" previas a los Consejos de Gobierno, compartían la "voluntad del Gobierno de cada año hacer más duros los controles" de la Intervención y así se pasó de los informes anuales a los trimestrales, entre otras medidas.

Al inicio de esta trigésimo primera sesión de la vista oral, el ex alto cargo ha insistido en que la partida presupuestaria 31L –conocida como el fondo de reptiles- "no nace con el convenio marco" de 17 de julio de 2001, porque en su opinión el convenio marco "no nace en 2001, viene ya de 1999" con la firma de otros tantos convenios de colaboración entre la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA.

Preguntado por si la gestión del pago de las ayudas no se podían haber realizado desde la jefatura del Servicio de Relaciones Laborales de la Consejería de Empleo, Fernández ha insistido en que la competencia para dictar la orden de pago de las ayudas la tenía el director general de Trabajo, y la competencia la "deja clara" el convenio suscrito.

De otro lado, Fernández ha dicho que no tiene constancia de que el ex director de Trabajo Javier Guerrero "negociara" con las compañías aseguradoras que gestionaban las pólizas de prejubilaciones, aunque sí se "concretaba" el calendario de posible pago a los trabajadores, y ha añadido que las aseguradoras "difícilmente querían trabajar con la Junta a no ser que fuera al contado".

Cuestionado sobre la publicidad que se daban a estas ayudas, el ex consejero ha señalado que "la información, la publicidad y el contenido de las ayudas las tenían los sindicatos y los comités de empresa", y los requisitos para acceder a las mismas se concretaban en cada expediente, porque "dos expedientes no son nunca iguales" porque no coinciden ni las causas ni las circunstancias de las personas afectadas. En cualquier caso, ha afirmado que tanto en el BOJA, como en los planes de actuación e inversión (Paif) y en las cuentas generales estaba publicado el "contenido sustancial" de la partida 31L.