Andalucía

Juanma Moreno se afianza a cambio de dos millones y guiños ideológicos a Vox

  • El socio parlamentario del Gobierno logra incluir sus políticas en las prioridades de PP y Cs

  • La partida de ayudas a inmigrantes se reduce en 600.000 euros para mejorar sedes judiciales

Rogelio Velasco saluda a Manuel Gavira tras la firma del pacto, con Alejandro Hernández, Juan Bravo y Francisco Serrano en la sala. Rogelio Velasco saluda a Manuel Gavira tras la firma del pacto, con Alejandro Hernández, Juan Bravo y Francisco Serrano en la sala.

Rogelio Velasco saluda a Manuel Gavira tras la firma del pacto, con Alejandro Hernández, Juan Bravo y Francisco Serrano en la sala. / Julio Muñoz / Efe

Juanma Moreno tiene hoy el horizonte mucho más despejado que hace seis meses, cuando con un pacto a dos bandas con Ciudadanos y Vox logró el histórico cambio en Andalucía. Cuando parecía que el presidente de la Junta estaba contra las cuerdas, a las puertas de su primer traspié serio desde que está en San Telmo, sus hábiles negociadores –el dúo que forman José Antonio Nieto y Elías Bendodo– han logrado salvar los Presupuestos de 2019, poner las bases de las cuentas de 2020 y, como guinda del pastel, acercar a sus dos socios, que hace sólo una semana parecían irreconciliables.

El lunes 3 de junio, el diputado de Vox Manuel Gavira fue muy ilustrativo al explicar el problema. “En Ciudadanos pretenden aprobar cuatro presupuestos sin sentarse con nosotros”. Diez días después Gavira estaba sentado sólo a dos sillones de Rogelio Velasco, consejero de Economía a propuesta de los naranjas. Ambos firmaron el documento de 34 puntos que despeja la legislatura con un acuerdo “de gobierno”, según lo definió el propio Velasco.

La presencia del consejero economista no es baladí, como tampoco lo era el membrete de los folios, con los logotipos en color de los tres partidos del centroderecha. El acuerdo presupuestario andaluz es, probablemente, el primero del país donde figuran juntas las siglas de Vox, PP y Ciudadanos. Los tres partidos volverán a verse de forma recurrente para evaluar el nivel de cumplimiento del acuerdo en una comisión que todavía no se ha creado.

También rubricó el documento el consejero de Hacienda, a quien se le allana el camino hasta otoño de 2020, cuando tenga que negociar las cuentas de 2021. Completó el cuarteto de firmantes Alejandro Hernández, portavoz de Vox, quien incluso habló de extender los compromisos del acuerdo “a futuros ejercicios”.

La administración paralela, en el punto de mira

¿Cuáles son esos compromisos? No son gran cosa a nivel monetario en 2019, aunque tendrán más peso en 2020. Lo importante es que Vox logra sentar a su mesa a Ciudadanos por primera vez en plenas negociaciones entre las direcciones estatales y, además, introduce sus prioridades en la agenda del Gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín.

Del proyecto de cuentas elaborado por Juan Bravo para el ejercicio vigente sólo se moverán 2,1 millones de euros. Es un 0,05% del montante total de las cuentas que se aprobarán a finales de julio. Lo llamativo es que la modificación es muy significativa pese a su tamaño. De esos 2,1 millones, 600.000 euros saldrán de la partida de subvenciones para la integración social de inmigrantes y se destinarán a la mejora de infraestructuras judiciales. Fuentes del PP aseguran que el movimiento se debe a cuestiones técnicas y que Vox no ha solicitado reducir concretamente esa partida para inmigrantes, que, a pesar del recorte, tiene más dinero que en 2018.

El millón y medio restante será para la reorganización de la conocida como administración paralela, los entes instrumentales de la Junta que emplean a casi 30.000 personas. Es ahí donde Vox ha puesto el foco desde su irrupción en Andalucía y lo ha intensificado durante las negociaciones presupuestarias, según revelan fuentes de la Consejería de Hacienda. Habrá 500.000 euros para el apoyo técnico y un millón para pagar auditorías realizadas por empresas externas, aunque supervisadas por la Intervención General.

El acuerdo se activa, sobre todo, en 2020

En 2020 el montante destinado a la reorganización de las entidades paralelas crece y contempla 15 millones para cubrir los costes de la previsible supresión de entidades de la Administración paralela. Nadie habló de despidos, pero sí se reserva dinero para afrontar “costes indemnizatorios”.

Bravo sí aludió a la integración de personal laboral en la Administración General de la Junta de Andalucía, ya sea mediante oposiciones o un “proceso de estabilización”. El objetivo es que estos trabajadores puedan afrontar labores que ahora les están vedadas por su condición laboral. El titular de Hacienda aseguró que esta anomalía cuesta entre 80 y 100 millones anuales a la Junta.

Gran parte de los compromisos que figuran en el acuerdo se activarán en los presupuestos de 2020 y es ahí donde Vox ha logrado intercalar su agenda entre los proyectos del Ejecutivo. A pesar de que Juan Bravo rechazó ayer que el acuerdo estuviera marcado por los postulados políticos de sus socios parlamentarios.

Las calificadas por Vox como “leyes ideológicas” –Igualdad, Memoria Histórica y Violencia de Género– verán afectadas las políticas sobre las que legislan. En 2020 habrá un teléfono de atención a las víctimas de la “violencia intrafamiliar”, aunque será compatible con el 016, el teléfono gratuito para atender a las víctimas de violencia machista.

La lucha de Vox contra la llamada “ideología de género” queda reflejada también en la sustitución del concepto “transversalidad de género”, por el de “principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”. En Memoria Histórica, se limitará el gasto a la recuperación de víctimas de fosas y la creación del banco de ADN. Además, las entidades memorialistas no podrán dedicar más del 20% a de las subvenciones que reciban a gastos de funcionamiento. 

Por contra, habrá 100.000 euros más en ayudas para que los hijos de andaluces emigrados a comunidades bilingües no vean peligrar su “herencia cultural” en regiones donde estén vigentes “procesos de inmersión lingüística”. El rechazo al aborto tal y como está planteado hoy en día, también está presente en el acuerdo, que contempla la convocatoria de ayudas a las mujeres que se queden embarazadas y tengan problemas económicos.

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