Londres obligará a Gibraltar a sacar a la luz los dueños de las empresas

Algeciras/El Gobierno del Reino Unido obligará a Gibraltar y otros trece territorios británicos a elaborar y presentar antes del 31 de diciembre de 2020 un registro público con los nombres de los propietarios de las empresas establecidas en su jurisdicción.

La Cámara de los Comunes dio el visto bueno, en medio de una enorme polémica, a una enmienda a la Ley de Sanciones y Antiblanqueo de Capitales. El apoyo de veinte conservadores que iniciaron una revuelta liderada por el diputado Andrew Mitchell, ex secretario de Desarrollo Internacional, fue clave para que se introdujera en la legislación esta medida, muy celebrada por todos los activistas contra el blanqueo de capitales.

En un intento por evitar que la enmienda saliera adelante, el ministerio de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, se había comprometido a trabajar para que los territorios briánicos introdujeran registros públicos "como el estándar mundial" antes de 2023. Sin embargo, Andrew Mitchell se opuso a esta medida por considerarla demasiado suave y consiguió que 19 compañeros de partido amenazaran con saltarse la disciplina de voto. El Gobierno tuvo entonces que tirar la toalla frente a la clara mayoría que estaba dispuesta a apoyar la enmienda en la Cámara de los Comunes. "Hay un espectro de actividad que comienza con la evasión de impuestos y luego pasa rápidamente al lavado de dinero y al crimen organizado. Gran Bretaña y sus territorios de ultramar se han convertido en la jurisdicción preferida para el dinero sucio debido al secreto de nuestras leyes de propiedad offshore", explicó la diputada laborista Margaret Hodge, una de las principales defensoras de la medida, en declaraciones a The Guardian.

En el texto de la propuesta puede leerse que se adopta "con el propósito de detectar, investigar y prevenir el lavado de dinero" y se especifica que el Reino Unido tendrá que prestar ayuda a los territorios de ultramar para implementar la medida.

La ONG Transparencia Internacional consideró que esta ley "hace más difícil para los corruptos esconder sus riquezas en los territorios de ultramar". "Es una gran victoria en la lucha contra la corrupción transfronteriza", sentenció el colectivo.