De nada han servido las protestas de todos los grupos de la oposición, tanto en sus comparecencias públicas como en la mesa de portavoces del Parlamento de Andalucía, para que el PP retrasara una semana la aprobación del decreto de simplificación administrativa (que entrará en vigor en cualquier caso tras la publicación en el BOJA que aún hoy no se ha dado) y tampoco para que se tramite como proyecto de ley dado que afecta a 176 normas. Por su parte, PSOE y Por Andalucía no descartan recurrirlo al Tribunal Constitucional si el PP no lo acepta, a la vez que han denunciado que la urgencia en su tramitación "no está justificada".

El portavoz de los populares en la Cámara andaluza, Toni Martín, confirmó que está "más que justificada" ya que sirve para "simplificar la vida de los andaluces" y de "humanizar y acercar la administración eliminando barreras burocráticas". Ha confirmado que este decreto se someterá al debate de convalidación del Pleno del Parlamento de la próxima semana y ha expresado su deseo de que tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque supone el "mayor esfuerzo" de simplificación que una administración ha hecho en España.

Asimismo, ha reprochado a PSOE-A y Por Andalucía que critiquen este decreto ley andaluz cuando sus partidos a nivel nacional forman una coalición en el Gobierno de España cuyo presidente, Pedro Sánchez, es el "campeón mundial de los decretos", con 140 en cinco años. "Si pasa allí, es muy bueno y aquí, muy malo", ha apuntado Martín. Ha animado a los portavoces de la oposición a que se lean ya el decreto ley y comprobarán que está "justificada" su urgencia, apuntando que una tramitación como proyecto de ley supondría ocho o nueve meses en el Parlamento y lo que se requiere es que su contenido se ponga "en funcionamiento enseguida".

Tanto los socialistas como Por Andalucía consideran "injustificada" la urgencia en la tramitación del decreto de simplificación, una medida que contiene 600 páginas, que no se ha publicado y afecta a 176 normas. La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha advertido que la Junta "no es de fiar" a la hora de establecer controles administrativos y es un Gobierno que "contrata irregularmente, saltándose" las normas, es más - ha dicho- "evita" los controles administrativos. Tras exigir que el decreto de simplificación se tramite como proyecto de ley, la socialista ha detallado que la norma tiene numerosos informes jurídicos de diciembre de 2022, de enero de 2023, de febrero el mismo año y otro del 18 de mayo del 2023. "La conclusión es que si se lleva trabajando en el decreto desde diciembre de 2022 no se justifica la extraordinaria y urgente necesidad tramitarlo como decreto", ha aseverado.

Férriz no ha descartado el recurso al TC, aunque ha admitido que aún es pronto para tomar esa decisión, una posición que mantiene igualmente el grupo de Por Andalucía, que ya anunció el recurso si no se tramita como un proyecto de ley.

Su portavoz, Inmaculada Nieto, ha apelado al rigor y la sensatez del PP para advertir que lo "único" que da garantías al decreto es su tramitación como proyecto de ley. "No se puede abrir este melón como el que va a la feria con una materia tan compleja que interpela a todos los sectores productivos. En el decreto hay de todo y muchas opiniones jurídicas que desaconsejan su trámite como decreto", ha advertido. La portavoz ha censurado además la campaña puesta en marcha por la Junta sobre este decreto para "generar bonanza" en la ciudadanía y aseverado que si el Gobierno y el PP insisten en el tramite de urgencia será una "cacicada".