El "histórico" y "revolucionario" decreto ley de simplificación administrativa que ayer fue presentado por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, después de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, parece que no ha dicho su última palabra. Por más que desde la Junta de Andalucía se haya defendido que el mismo llega para "hacer más fácil la vida de los ciudadanos y su relación con la administración", la oposición parlamentaria ha esgrimido la supresión de los controles y la falta de vigilancia que el Legislativo debe llevar a cabo a una medida que modifica hasta 176 normas, como las principales armas para oponerse al mismo.

De hecho, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha ido más allá y esta mañana ha anunciado que "de no tramitarse como proyecto de ley, presentaremos un recurso ante el Tribunal Constitucional". Nieto ha recordado la "subida de sueldo del presidente de la Junta" como otra de las ocasiones en las que se ha "abusado" de la figura del decreto ley como un intento de "hurtar la labor de control del Parlamento de Andalucía". Además, se ha preguntado "de qué han servido los otros tres decretos de simplificación anteriores, aparte de para aprobar grandes proyectos especulativos, macrourbanizaciones, para paralizar el bono de alquiler joven, para parar la bolsa única del Servicio Andaluz de Salud o para no gestionar los fondos europeos. Está claro que no ha valido para mejorar las relaciones de los ciudadanos con la administración".

A pesar de que ha reconocido que "todavía no conocemos el contenido íntegro del decreto que vamos a estudiar hasta en canto", "por lo que escuchamos al consejero de Presidencia, la defensa del silencio administrativo, por ejemplo en el caso de que se quiera abrir una residencia de mayores, con la cantidad de problemas que ha habido en algunas de ellas de maltrato, de mala alimentación y de falta de limpieza y cuidados, nos parece una barbaridad". Por ello, la actitud de su grupo es la de solicitar al Gobierno que traiga esa propuesta en forma de "proyecto de ley, para que de esta manera se estudie despacio qué cosas pueden ser mejoradas y cuáles están simplemente para aludir los controles".

Este aspecto ha sido rechazado por el portavoz del grupo que sostiene al Gobierno de la Junta, Toni Martín ha criticado la actitud de la portavoz de Por Andalucía ya que a su juicio sólo obedece "a entorpecer la labora del Gobierno de la Junta" y calificó la actitud de la misma como "incomprensible, porque lo único que se pretende es hacer la vida más fácil a los ciudadanos y ahora nos encontramos con palos en la rueda". EL portavoz popular ha recordado que "el gobierno del que forma parte, es el campeón de los decretos leyes; Pedro Sánchez ha hecho más en cinco años que Felipe González en 13, por lo que no entendemos este empeño en paralizar algo que creemos que es histórico".

El resto de los grupos políticos ha pasado de puntillas por un decreto que todavía no conocen en su integridad. Así, desde el PSOE, Ángeles Férriz, ha preferido "esperar a ver en qué consiste, a ver si nos encontramos con unas adjudicaciones hechas mirándoles a los ojos; por supuesto que estamos en contra de las duplicidades, pero hay que aclarar que simplificar no es eludir los controles, es decir que no se de el dinero como le de la gana, o a quien le de la gana a Juanma Moreno".

Desde Adelante Andalucía, Maribel Mora ha recordado que "en dependencia se ha anunciado, por ejemplo, que la tramitación va a pasar de 555 a 180 días, aunque lo que faltan son tramitadores" y ha preferido "esperar a conocer y analizar en profundidad unas medidas que no vamos a consentir que sean un enmascaramiento y favorezcan los recortes".