El juez Torres asesoró a De Urquía en cuestiones del caso Hidalgo

El instructor del caso Malaya, el juez Miguel Ángel Torres, que fue titular del Juzgado de 5 Instrucción de Marbella, declaró ayer que durante esa etapa su compañero Javier de Urquía acudió a su despacho varias veces a pedirle consejo sobre algunos aspectos de la instrucción del caso Hidalgo relacionados con la administración judicial de las empresas intervenidas. "Me preguntó de forma genérica sobre las remuneraciones del administrador judicial", puntualizó Torres.

El magistrado, que encabezó su intervención en la vista dejando claro que desconoce "por completo" los entresijos del caso Hidalgo, explicó que el procesado fue a su despacho "preocupado" y le preguntó, dada su experiencia en los casos Malaya y Ballena Blanca, "cómo debía de hacerse" la fijación de honorarios del administrador. Torres aseguró que no llegaron a hablar de cantidades y que, "ante la ausencia de una regulación jurídica al respecto", le recomendó "un acuerdo entre los anteriores administradores y el nuevo administrador" en cuanto a los criterios, para "evitar problemas". Con la aplicación de las tarifas oficiales salía "una cantidad muy elevada", de alrededor de 1 millón de euros. Finalmente, De Urquía fijó los honorarios en 63.350 euros mensuales más un 1% de las rentas de las operaciones, una comisión "excesiva", según Torres.

De Urquía se sienta en el banquillo por, presuntamente, haber urdido un supuesto plan -en el que el fiscal incluye el nombramiento de ese administrador- para obtener beneficio económico de personas afectadas por el procedimiento del caso Hidalgo a cambio de favores judiciales. Sobre el nombramiento del administrador, el magistrado granadino destacó que él no intervino en su elección, al tiempo que reconoció que no es fácil encontrar una persona dispuesta a asumir esas funciones pese a su elevada remuneración. "En Malaya nadie quería ser administrador", dijo.

También declaró en la sesión de ayer el padre del magistrado suspendido, el ex presidente de la Audiencia provincial de Alicante, Faustino de Urquía, quien se mostró convencido de que hubo un supuesto complot para que una de las personas involucradas en la trama que se atribuye a su hijo -el también acusado Igor M. L.- cambiara su versión para implicarle.

De Urquía recordó que denunció ese supuesto complot contra su hijo ante el TSJA, después de confirmar que el 3 de diciembre de 2008 se habría celebrado una supuesta reunión en un conocido centro comercial de Marbella entre Igor M. L. y un mando policial, en la que -siempre según su testimonio- se habría planteado esa proposición. El padre del juez imputado denunció esa supuesta reunión porque le pareció un hecho "alarmante" y se sintió "francamente" preocupado por su hijo.