Finaliza la instrucción de la macrocausa de Invercaria tras 14 años de investigación

El juez y la Fiscalía Anticorrupción han investigado durante estos años las ayudas y préstamos participativos concedidos por la extinta sociedad andaluza de capital riesgo a un total de 35 empresas

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha sido investigado en las 35 piezas separadas de esta macrocausa.
El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha sido investigado en las 35 piezas separadas de esta macrocausa. / María José López / EP

Una macrocausa que desaparece de los juzgados de Instrucción. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha acabado recientemente la toma de declaraciones de la última pieza del macroproceso relacionado con las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos participativos y ayudas por parte de Invercaria, la sociedad pública andaluza de capital riesgo. Desde que se iniciara la investigación de esta macrocausa, que se abrió el 7 de marzo de 2012, han pasado casi 14 años en los que este juzgado, a instancias de la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, ha tramitado nada más y nada menos que 35 piezas separadas, con múltiples investigados en cada una de ellas y en las que se ha tomado declaración a centenares de testigos.

Ahora la macrocausa finaliza, pero los juicios continuarán todavía durante varios años en una colapsada Audiencia de Sevilla, que sigue celebrando otros juicios por las otras macrocausas que también se han investigado en los juzgados de Sevilla durante estos años, como el caso de los ERE o la investigación de las supuestas irregulariades en los cursos de formación o en los avales y ayudas concedidas por la agencia Idea.

Paradójicamente, las últimas declaraciones se han producido en una pieza por las ayudas concedidas a la empresa "TS Acabados" y ahora será el titular del juzgado el que deberá decidir si procesa a las personas investigadas en esta causa o acuerda el archivo de las actuaciones en caso de no apreciar delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El magistrado Juan Gutiérrez Casillas, que ha investigado la macrocausa de Invercaria.
El magistrado Juan Gutiérrez Casillas, que ha investigado la macrocausa de Invercaria. / M. G.

Desde que se inició la investigación y una vez analizadas esas 35 piezas separadas en las que se dividió la macrocausa de Invercaria, el juez Juan Gutiérrez Casillas ha dictado al menos 14 autos de procesamiento -resoluciones de transformación de las diligencias previas en procedimientos abreviados- correspondientes a las ayudas concedidas a las siguientes mercantiles: Fumapa, Lolita Canalla, Juana Martín, Operador Aéreo Andaluz, Servivation, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), Aceitunas Tatis, Own Spa, EDM, Ceds, Keepfresh, Med&Check, Kandor Graphics, Bioaveda; y también otro auto por la denominada "pieza del área de personal" de Invercaria.

En fase de diligencias previas se encontraban otras tanta piezas relacionadas con las empresas Astraea Astilleros, Corporación Séneca, New Chiller Technologys, Hergos, Identivia, Irongate, Mar Cristal Marilum y Badennova. Y hubo además otras ocho empresas en las que no llegó a abrirse ninguna pieza separada porque no existían indicios de delito, según han explicado a este periódico fuentes del caso.

En estos 14 años han aparecido figuras claves en la investigación, como el que fuera denunciante, el ex director de Promociones de Invercaria Cristóbal Cantos, que declaró por primera vez ante el juez el 15 de mayo de 2012 -tan sólo dos meses después de que arrancara la investigación de la denuncia- y que posteriormente figuraría como investigado en varias de las piezas y fue juzgado en alguna de ellas, siendo absuelto en todos los procesos.

El otro personaje destacado es precisamente el que fuera presidente de la extinta sociedad andaluza de capital riesgo, Tomás Pérez-Sauquillo, quien ha sido investigado en todas y cada una de las 35 piezas como máximo responsable de la entidad que concedía las ayudas.

Nueve sentencias en 14 años

Si la fase de instrucción de la macrocausa de Invercaria ha llegado ya a su fin después de 14 años, lo que todavía no se vislumbra es cuándo finalizarán estos procesos con la celebración del juicio y el dictado de la correspondiente sentencia. Hasta este mes de diciembre, la Audiencia de Sevilla ha celebrado una docena de juicios aproximadamente, pero sólo ha dictado por el momento nueve sentencias que han corrido una suerte desigual.

De esas nueve sentencias, en cinco de ellas se ha acordado la absolución de Pérez-Sauquillo y de las otras personas que se han sentado con él en el banquillo de los acusados, mientras que en las otras cuatro resoluciones el tribunal ha acordado la condena, siguiendo las tesis de las acusaciones que ejercen la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones del PP, Invercaria y la agencia Idea.

La última sentencia conocida data de julio de este año y en la misma el ex presidente de Invercaria fue absuelto de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con el préstamo participativo concedido a la empresa Bioaveda por importe de 90.000 euros. Este año se han celebrado otros dos juicios, por las ayudas a Astraea y Badennova, que están pendientes del dictado de sentencia.

Con anterioridad, muy sonada fue la absolución de los 12 acusados por las ayudas de más de un millón de euros invertidos en el portal virtual de Fiva, que fue la primera pieza que se investigó en el macroproceso. También acabaron en sentencias absolutorias los juicios por las ayudas concedidas a Lolita Canalla (la sentencia se conoció en agosto de 2022), Own&Spa (octubre de 2022).

El principal imputado en todos estos procesos es Tomás Pérez-Sauquillo, que acumula ya cuatro condenas que suman en total 11 años, 9 meses y dos días de prisión. El ex directivo, que ha pedido la suspensión de su ingreso en prisión por motivos de salud, ha denunciado que sufre una  "total y absoluta indefensión" después de que el Tribunal Supremo endureciera su condena por haber aumentado su propio salario y el de otros trabajadores de la empresa pública por encima de lo autorizado por las leyes de Presupuestos. Pérez-Saquillo sostiene que al habérsele privado de recuperar los correos electrónicos en su etapa como máximo responsable de la sociedad pública andaluza de capital riesgo se le ha impedido acreditar las pruebas necesarias para desarrollar su defensa.

stats