Andrea cuenta los 41 años y desde los 16 tiene diagnosticado el síndrome de Tourette. Debido al progresivo empeoramiento de los síntomas, Andrea lleva sin poder trabajar casi veinte años y decidió que su caso respondía al de las personas con discapacidad que necesitan una prestación para vivir. El verano de 2022 se puso en la cola de espera de la Consejería de Inclusión Social. El 21 de febrero, un año y ocho meses después, tuvo la cita con un psicólogo y un asistente social. En uno o dos meses, le dijeron, recibiría respuesta. La definitiva resolución de una prestación puede elevarse por tanto a los casi dos años.

Por suerte, aparte de los síntomas del síndrome de Tourette, Andrea, residente en Sevilla, goza de buena salud. Ha tenido más suerte que las 8.771 personas que fallecieron entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 esperando en la lista de la dependencia sin ser atendidas, según los datos del XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esta cifra supone el 21,7% de los 40.447 españoles muertos aguardando una resolución de las administraciones, en el limbo administrativo del ni sí ni no, ni sabe ni contesta.

Si la prestación por la dependencia ha sido uno de los más relevantes derechos sociales sucedidos en la historia reciente de España, el atasco en las listas de espera supone una de las grandes frustraciones sociales de la historia reciente de España. Andalucía lo sufre como una más de las administraciones autonómicas que cargan con la gestión de la dependencia y con un 50% de su financiación, compartida con el Gobierno central, que no termina de alcanzarlo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la reciente visita de su homólogo canario, Fernando Clavijo, abundó en el problema de la financiación: "No se puede soportar el incremento permanente y constante de gasto sanitario, educativo y social, en el ámbito de la dependencia y la atención social, con los recursos que ahora mismo el Estado nos transfiere".

El problema no es menor. La sociedad española, como todas las sociedades llamadas desarrolladas, va aumentando la esperanza de vida. El progresivo envejecimiento de la población va acompañado de una suma de personas con problemas de salud; en su mayoría patologías crónicas; en no pocos casos, obstáculos que hacen a las personas depender de otra para afrontar el día a día, la dependencia. El problema no es menor y las administraciones se estrujan las meninges para afrontarlo. Más allá del dinero, Moreno defendió el pasado mes de junio en el Parlamento una posible solución: la unificación de la valoración y la asignación de la prestación por la dependencia en una sola visita, pero parece que no funciona. No ha sido el caso de Andrea, que ha de esperar entre uno y dos meses para recibir una respuesta definitiva sobre la prestación después de haber sido valorada.

El plan de choque de la Junta de Andalucía aún no ha dado el resultado esperado. La gestión no va a peor aunque la mejora sigue sin ser significativa, al menos en comparación con los datos de la gestión del resto de las comunidades autónomas. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha destacado en su último dictamen que Andalucía ha reducido la lista de espera de la dependencia en 998 personas (-2,7%), mientras que el conjunto de las comunidades autónomas lo hizo de media en un -10,5%, según los datos del informe recogidos por Europa Press. El tiempo medio de espera para recibir un recurso desde la solicitud se sitúa en 542 días, el segundo más dilatado del conjunto de España, que ofrece un promedio de 321 días. En la actualidad existen 26.745 solicitantes pendientes de resolución desde hace más de seis meses por parte de la administración andaluza. En ese limbo administrativo está Andrea.

En la cola de las prestaciones de España

A la espera de que lleguen las soluciones de gestión, las cuestiones dinerarias tampoco fueron para tirar cohetes en 2022 en relación a las prestaciones de los usuarios. Según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado el pasado mes de octubre, Andalucía rebajó 51,6 millones la aportación para atención a la dependencia en 2022. Fue la comunidad autónoma con menor gasto por beneficiario en España, con un total de 6.547 euros anuales como promedio.