Un testigo contradice la fecha de la muerte del empresario onubense Manuel Díaz Calo

F.J.M., un testigo del caso cuyo juicio comenzó ayer en la sala tercera de la Audiencia Provincial de Huelva por la muerte del empresario Manuel Díaz Calo, situó el fallecimiento de éste al menos el día 2 de octubre de 2008 en Sanlúcar de Guadiana (Huelva) y no el día 1 de ese mes, como indica la fiscal.

El testigo declaró que mantuvo una reunión el día 2 con la víctima para liquidar unas cuentas pendientes que tenía con la empresa Hostelería del Piedras después de que ésta adquiriera unas acciones que el fallecido tenía de un complejo de ocio. Sobre la muerte del empresario, uno de los abogados de un acusado afirmó que el Instituto de Medicina Legal y el Instituto de Toxicología de Madrid fechan la muerte el día 3 de octubre.

La primera sesión de la vista oral, que se prolongará durante varios días, se centró en la declaración de los siete imputados por el homicidio de Díaz Calo, algunos de los cuales se negaron a declarar y sólo respondieron a las preguntas de sus abogados.Éste fue el caso de cuatro de ellos, dos de los cuales están acusados de ser los autores directos de la muerte del empresario. Los siete imputados (seis de nacionalidad rumana y un español) negaron su implicación en la muerte y que se conocieran entre sí. J.A.M.P., a quien se le considera cooperador necesario por haber suministrado información sobre la propiedad del empresario y sus costumbres a los que perpetraron supuestamente el robo y homicidio, reconoció que estuvo en la finca del empresario realizando trabajos de albañilería y fontanería, pero en una casa aledaña, por lo que rechazó que conociera la vivienda principal y que en ella hubiera una caja fuerte.

Mientras, la Fiscalía insistió en la muerte violenta del ex empresario de bares de copas y discotecas para robarle el dinero que tenía en una caja fuerte en su chalé de Sanlúcar de Guadiana.

Los principales acusados, para los que la Fiscalía pide prisión por un delito de asesinato, otro de robo con violencia o intimidación y otro de allanamiento de morada, no contestaron a las preguntas de la acusación pública y dos de ellos señalaron que se marcharon a Rumanía el 3 de octubre.