El gran protagonista, ausente

EN la puerta del Parlamento es costumbre que haya una o varias manifestaciones los días de pleno. Ayer, sin embargo, no había ni un alma. Las manifestaciones estaban dentro; de júbilo contenido en las filas del PP, por haberse cobrado una pieza mayor en la jerarquía socialista, y de tristeza no disimulada en las huestes socialistas. Aunque las preguntas de Valderas y Arenas al presidente versaban sobre el pleno desarrollo del Estatuto de autonomía y sobre la calidad de los servicios públicos, lo cierto es que fue la dimisión de Rafael Velasco el argumento de fondo del debate.

Pesó como una losa sobre el estado de ánimo del presidente Griñán y sobre toda la bancada socialista, que se confesaba en los patios y pasillos del Parlamento desorientada. La marcha inesperada del número 2 de la nomenclatura del PSOE andaluz ha dejado detrás de sí una estela de incredulidad y enfado, en especial después de que un informe jurídico preliminar de la Cámara no haya establecido ninguna responsabilidad. En cierta manera, la sorpresa era extensible a los propios populares, que tampoco de esperaban esta dimisión. Si Bono o Chaves no habían dimitido por campañas de prensa recientes más largas e intensas, casi nadie se explica que lo hiciera Velasco por las informaciones que establecían que la academia de su esposa en Córdoba haya dado cursos formación en los últimos cuatro años, subvencionados con 730.000 euros.

Este asunto propició el intercambio más ácido entre Arenas y Griñán en la sesión de control al Gobierno de ayer. El presidente del PP andaluz llegó a decir que el de Velasco no es un caso aislado, que hay más empresas ligadas a familiares de dirigentes socialistas con subvenciones de la Junta. Griñán le invitó a enviar la información oportuna a la Cámara de Cuentas, pero antes le acusó de estar siempre tendiendo una red de sospechas. "Si tiene alguna certidumbre, hágala efectiva y no denuncie sospechas, porque ante la sospecha nadie puede defenderse, que es lo que le ha pasado [a Velasco]". Arenas le replicó que Velasco no ha dimitido por sospechas, sino por hechos. Y le desafió a aceptar una comisión de investigación sobre el destino de los fondos de formación.

En este punto, el líder popular pincha en un punto sensible del entero sistema español. Desde su entrada en la Comunidad Europea en 1986, España ha recibido numerosas multas multimillonarias de la Comisión por el mal uso del Fondo Social Europeo, del que se nutre la mayor parte los cursos de formación. La última por un fraude de la Fundación Forcem de 105 millones de euros (17.470 millones de pesetas) entre 1994 y 2000, con los gobiernos de Felipe González y José María Aznar.

En febrero de 2000, dimitió Manuel Pimentel como ministro de Trabajo, poco después de que se conociera que la esposa de un alto cargo de su ministerio recibía elevadas subvenciones para formación. La academia Centro Politécnico a Distancia y Editorial, especializada en impartir cursos de formación para parados, pertenecía al 50% a la esposa de Juan Aycart, director general de Migraciones. Y entre 1995 y 1999 obtuvo 2.000 millones de pesetas en subvenciones, principalmente del Inem. CGP, otra empresa dedicada a la formación, recibió miles de millones de pesetas en subvenciones; sólo en 1998 obtuvo 2.500 millones de los fondos de formación profesional. CGP era propiedad de un cuñado de Julio Sánchez Fierro, secretario general técnico del Ministerio de Trabajo entre 1996 y 1998, con Arenas de ministro.

La idea del líder popular de hacer una auditoria al sistema, de llevarse a cabo, sería muy saludable, aunque no obtuvo una respuesta expresa del presidente Griñán. Arenas explicó que su grupo estudia más casos y que no pararán de vigilar el buen uso de los fondos públicos. Y advirtió que cuando tenga documentadas situaciones similares las presentará al Parlamento y espera que el presidente acepte una comisión de investigación. Griñán le espetó que no se puede difamar con medias verdades.

Pero el guión de la sesión era otro muy distinto. Al jefe de Izquierda Unida, Diego Valderas, le preocupa sobremanera el ritmo de las transferencias a la Junta desde el Gobierno central. En todo caso, las encuentra por debajo de las conseguidas en los últimos tiempos por vascos, catalanes y gallegos.

Valderas remedó a la reina de Inglaterra y su annus horribilis de 1992. Le dijo a Griñán que ésta ha sido su peor quincena política. Todo el mundo pensó en Velasco, pero él sólo lo mencionó a la cola de una lista extensa: la parquedad de las inversiones previstas en los presupuestos generales del Estado y los de la comunidad autónoma, el incumplimiento según los sindicatos del séptimo acuerdo de concertación; los acuerdos agrícolas con Marruecos, que perjudican al campo andaluz, el decreto de reordenación del sector público... y las transferencias, que repitió debe acelerar el Gobierno andaluz "antes de que lleguen los señores del PP", dando por hecha la victoria de Mariano Rajoy en 2012. Griñán, muy correcto e hipotenso durante toda la sesión, le respondió a la pregunta inicial que se han aprobado 36 leyes que desarrollan preceptos estatutarios y se han conseguido 14 transferencias de servicios.

Arenas estuvo convincente en la exposición de diversos ejemplos que ilustran lo que en su opinión es un despilfarro de la administración autonómica. Su lista abarcaba, entre otras, a la Empresa Pública del Suelo, la fusión de las empresas Turismo y Deporte, Innovación... El líder de la oposición considera prescindible la oficina del Gobierno andaluz en Madrid, con un coste de 500.000 euros y un escándalo que en la Junta haya 38.000 móviles. "¿Quién no tiene un móvil en la Junta?", se preguntó. En distintos turnos señaló que el gasto en Educación baja para el año próximo en 200 millones y el gasto sanitario en 400 millones.

Con estos datos ofreció al presidente el documento con su bloque se medidas para luchar contra el despilfarro. También se increparon sobre si Griñán había querido llamar lerdos, zoquetes y estúpidos a los populares, cuando les calificó de cenutrios en un programa de radio. Pero lo importante era la ausencia de Rafael Velasco. Aunque su silla no se quedó vacía, los expertos sugirieron a la diputada por Sevilla Verónica Pérez que la ocupara. Todo el mundo buscando un sustituto para Velasco y resulta que ya hay quien ha ocupado su lugar.