El negocio inmobiliario continúa sin ser todo lo transparente que le exige la ley. Los inspectores de consumo han constatado que este sector decide no cumplir mayoritariamente el decreto andaluz que, desde febrero de 2006, establece la información que obligatoriamente debe facilitar el gestor inmobiliario a todas las personas que se interesen por la compra o el alquiler de una vivienda. Un 67% de las 574 inmobiliarias, promotoras y agentes de la propiedad inspeccionados no siguen el decreto dos años después de su aprobación.

El plan de inspección desarrollado por la Consejería de Gobernación, que tiene las competencias en consumo, para tomar el pulso a este asunto ha concluido en 2007 con el siguiente saldo: 111 expedientes con un importe total de multas que superan los 75.000 euros, la sanción media es de 1.786 euros. Aun así, también hay espacio para ser algo más positivo, ya que los datos son mejores que los registrados en una campaña similar acometida hace ahora un año.

En la lista de irregularidades detectadas entre los empresarios del sector inmobiliario vuelve a destacar la ausencia de hojas de reclamaciones, en un 13% de los casos; además, una de cada tres inmobiliarias aún no informa al consumidor de su derecho a que se le entregue el Documento Informativo Abreviado de la Vivienda (DIA), la principal novedad que supuso el decreto de 2006. Entre la información que, de forma gratuita, debe facilitarse al cliente incluida en el DIA aparece la identificación del promotor o intermediario, de la empresa constructora y del director de obra, identificación de la vivienda, planos , descripción del edificio, memoria de calidades, precio completo, formas de pago y garantías de las cantidades entregadas a cuenta. Además, antes de firmarse el contrato el cliente debe disponer de la documentación sobre las licencias, estatutos de comunidad, seguros y garantías, libro del edificio, instrucciones de evacuación del inmueble y una certificación de que la vivienda se encuentra al corriente en el pago del IBI.

Un 45% de las inmobiliarias siguen sin especificar el estado de construcción de la vivienda, un 43% no aclara la superficie útil de la propiedad y trampean a la hora de ofrecer el precio un 48%, ya que no incluyen en la publicidad los tributos y otros gastos que debe asumir el consumidor. Sí se ha mejorado sustancialmente, según Gobernación, en la claridad de los contratos, detectándose irregularidades sólo en un 4% de ellos, frente al 56% que se registró en 2006. Aun así, un 14% de los documentos continúan imponiendo al comprador el pago de las plusvalías, impuesto que en realidad corresponde abonar al vendedor.

Tampoco resulta nada clara la información que se facilita cuando se trata de un alquiler. El 41% de los DIA carecen de datos sobre la renta mensual; casi la mitad de ellos, el 48%, no aclara las condiciones de la fianza, y un 42% no especifica los otros gastos a los que debe hacer frente el inquilino. Además, un 38% no incluye los costes que deberá abonar el cliente al intermediario.

El sector inmobiliario persiste así como uno de los principales problemas para el consumidor, a juzgar por el número de denuncias que se presentan ante la Junta. Sin embargo, durante 2007 descendieron las reclamaciones de los ciudadanos sobre esta materia un 18% respecto a 2006, situándose en 1.557 las quejas gestionadas por los servicios de Consumo de la Junta. La mayoría de estas reclamaciones se dirigieron contra promotoras e inmobiliarias, fundamentalmente por la presencia de vicios ocultos en las edificaciones, el incumplimiento de las características previstas en los planos y de la memoria de calidades entregada al comprador.