El plan municipal de derribos en Córdoba no convence a los parcelistas

El plan del Ayuntamiento de Córdoba para cambiar ayudas públicas por derribos de parcelas en el entorno del aeropuerto va camino de convertirse en una iniciativa más de las que encallan. Al menos, la primera que se aborda para conseguir disminuir el problema del entorno del aeropuerto -aunque sea de una forma puntual y ceñida a casos verdaderamente graves- no acaba de encontrar eco en la zona y topa con las reticencias de los vecinos a desarrollar por sí mismos una condición requerida por el Ayuntamiento: derribar por sus propios medios las viviendas antes de cobrar las ayudas.

La situación empieza a ser problemática para el gobierno local, que coordina esta cuestión por medio de la empresa municipal Vimcorsa, sociedad que preside el alcalde, Andrés Ocaña. Este febrero termina la ayuda al alquiler que perciben los realojados de las primeras riadas de 2010, que, según el acuerdo adoptado en el consejo de administración de Vimcorsa, no pueden renovar hasta que no se firme el compromiso de demoler las casas. La empresa ha ofrecido una prórroga extraordinaria de dos meses tanto a las personas a las que se les acaba la prestación como a quienes tienen su vivienda precintada. Esos dos meses son los que hay, en teoría, para que el gobierno municipal pueda hilvanar una solución.

El Ayuntamiento tiene ahora 18 solicitudes de familias que se corresponden con las casas más afectadas del entorno del aeropuerto. El proceso es una ronda de conversaciones con las familias afectadas en las que se les está informando del trámite, de las necesidades y de lo que tienen que hacer para cobrar la prestación.

El primer problema que se presenta cuando se aborda este problema con los afectados es que muchos de ellos consideran que el esfuerzo por derribar una vivienda, aunque sea precintada, implica una contraprestación muy corta por parte de la Administración. El Consistorio se ha comprometido, por medio de un acuerdo del consejo de administración de Vimcorsa ratificado por la Junta de Gobierno Local, a pagar la mitad del alquiler de una vivienda libre con un tope de 250 euros al mes por 24 anualidades.

Lo que ofrece el gobierno municipal es una ayuda de 6.000 euros por familia que decida demoler su parcela y mudarse a otra zona de la ciudad. De momento, la posibilidad de un piso público de alquiler a cambio de la demolición de la casa es una posibilidad remota ante la falta de existencias. Un segundo problema radica en que el número de casas a derribar es realmente pequeño. La pregunta recurrente en las reuniones de las familias afectadas es la siguiente: ¿Acabados los 24 meses de ayudas, qué? La respuesta es que entren en el proceso del registro de demandantes de VPO, lo que implica poder acceder a una vivienda en alquiler o opción a compra o no.

En la Gerencia de Urbanismo se asegura que están a expensas de las conversaciones que se están manteniendo con los vecinos de las casas más afectadas para empezar a movilizar a sus técnicos.